Importante descenso en el número de abortos y notable crecimiento de la financiación pública de los mismos. Este sería el balance en la provincia de Málaga del primer año de la aplicación de la nueva y polémica ley de salud sexual y reproductiva, también conocida como la ley de plazos, ya que amplía a las 14 semanas la posibilidad de interrumpir el embarazo sin tener que alegar causa alguna y hasta las 22 semanas si se dan determinados supuestos. La primera variable; es decir, la reducción del número de abortos tienen poco que ver con la nueva norma, ya que sería una consecuencia directa del descenso del número de mujeres inmigrantes , según mantiene el doctor Pedro Peña, que trabaja en las clínicas malagueñas Ginecenter y Centro 2002 y que es el portavoz en la provincia de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai).

«Desde 2007 a 2009 se produjo un ‘boom’ importante de mujeres inmigrantes en consulta, llegando a suponer el 40% de las intervenciones», explica el doctor, que hace notar que la crisis ha frenado de forma muy notable la llegada de mujeres extranjeras y por tanto ha incidido en el número de abortos.

Según el vocal de Acai, la reducción de intervenciones, que ya se registró el año pasado y que se sitúo en el 4,4%, no solo se ha mantenido, sino que se ha acentuado y así, desde la entrada en vigor de la ley de plazos hace un año, el descenso se situaría entre el 10 y el 15 por ciento.

Mayor tasa

El doctor Peña asegura que es la cifra que barajan las clínicas de la provincia asociadas a Acai. El argumento esgrimido que apunta directamente a la población inmigrante tiene su sentido, ya que según un estudio realizado por esta asociación en 2007, mientras que la tasa de abortos en la población nacional era de 9,6 por cada mil; en el caso de la población extrajera era de 30 casos por cada 1.000.

No obstante, el descenso apuntado del 15% es realmente importante, más si se tiene en cuenta que la estimación en el conjunto de Andalucía se sitúa en torno al 5%. En este sentido cabe señalar que no hay datos oficiales, ya que la Junta de Andalucía hace balance a final de año y al contrario de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, no avanza cifras. En 2009 – último año del que se tiene datos oficiales – en la provincia de Málaga se registraron 4.997 abortos.

La segunda variable, que apunta a un importante incremento en el número de abortos financiados por el sistema público, sí tiene clara relación con la aprobación de la ley de plazos, ya que, a partir de su entrada en vigor, el único requisito que debe cumplir la mujer para poder abortar es estar dentro de las catorce semanas de gestación. Por tanto, no tiene por qué acogerse a supuesto alguno, como ocurría antes, un hecho que la obligaba a someterse a varios dictámenes y también al riesgo de que su caso fuera rechazado por los facultativos de la sanidad pública andaluza. En esas circunstancias, muchas de ellas preferían acudir directamente a las clínicas acreditadas, aunque tuvieran que pagar la intervención.

Financiación pública

El representante de Acai en Málaga estima que si, antes de la nueva ley, el sistema público pagaba el 60 por ciento de los abortos que se practicaban en las clínicas con las que mantiene conciertos, tras la entrada en vigor de la ley de salud sexual y reproductiva, asume el 95 por ciento de las intervenciones que se realizan antes de las catorce semanas.

Como ocurría antes de la nueva norma, aunque estos abortos son pagados por el SAS, ninguno se practica en hospitales públicos, debido a la objeción de conciencia de los médicos, según fuentes de la Delegación de Salud.

De hecho, tras la aprobación de la ley de plazos en julio del año pasado, el registro de objetores de conciencia del Colegio de Médicos de Málaga duplicó su número de inscripciones, llegando a dar de alta a una treintena de profesionales. No obstante, el ánimo objetor se estancó y desde entonces apenas si se han inscrito cinco más. Del total, 22 son mujeres y en cuanto a la especialidad, 19 son médicos de familia y once ginecólogos.

El Sistema Andaluz de Salud no reconoce la objeción de conciencia de los médicos de familia, por entender que no están implicados directamente en la intervención. No obstante y después de que varios facultativos recurrieran a los tribunales, hoy por hoy intenta evitar cualquier polémica. Según fuentes de Salud, si algún médico se declara objetor, inmediatamente se deriva a la mujer solicitante a otro que esté dispuesto a informarle de los pasos a seguir.