Las inspecciones que el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha realizado en la provincia de Castellón entre enero y marzo de este año identificaron a un total de 5.858 trabajadores que estaban trabajando de forma ilegal en varios negocios ubicados en el territorio castellonense.

Una cifra que mantiene los niveles de contrataciones ilegales registradas en la provincia durante el mismo periodo del año pasado y que lleva a suponer que el importe de las sanciones a las que se enfrentarán, tanto las empresas implicadas como sus trabajadores, alcanzarán también la misma cuantía, o similar, ya que de momento los 2,1 millones de euros en multas que se aplicarán en esta ocasión quedan algo por debajo de los 2,6 millones del ejercicio anterior.

Si el trabajo ilegal ya era una lastra para la economía – y especialmente para las arcas del Estado – , antes del año 2007, con el estallido de la crisis, parece ser la única salida que encuentran muchos para contratar a personal para sus negocios. Y es que así logran reducir gastos, evitándose la cotización de los empleados en la Seguridad Social.

De hecho, según se muestra en el informe elaborado desde el Gobierno central, de todos los empleados afectados, tan solo el 4,5 por ciento esta inscrito en este organismo; es decir, sólo han sido dados de alta 267 trabajadores en la provincia de Castellón.

Estas cifras se obtienen después que los funcionarios estatales realizaran en el primer trimestre 1.107 visitas que reflejaron, en sus 4.003 actuaciones derivadas, unas 432 infracciones que sumaron los más de dos millones de euros a los que asciende la multa.

Además, se destaca que los sancionados por el organismo fueron tanto empresarios con actividades y comercios ilegales, como aquellas personas que alegando encontrarse en paro y disfrutando de las compensaciones de este estado se dedicaron a actividades remuneradas que no eran declaradas en ninguna administración, otra de las prácticas que se ha incrementado durante la recesión económica.

Las cifras son alarmantes, aunque cabe destacar que de haber realizado las inspecciones una vez entrase en vigor el aumento de las cuantías por el trabajo ilegal que el Ministerio ha comenzado a aplicar con la llegada del periodo estival, se habría elevado la cifra considerablemente, ya que en la actualidad el Ministerio ha decretado que las sanciones leves se baremarán entre 3.126 y 187.515 euros, mientras antes se valoraban entre 626 y 6.251 euros.

Estas inspecciones, por otro lado, han dejado constancia de que el área de Relaciones Laborales maneja casi la totalidad de las infracciones afectadas, con casi el 83 por ciento de todas ellas, lo que supone en materia de Seguridad Social únicamente 150 trabajadores dados de alta. Por su parte, el área de Seguridad Laboral le prosigue pero muy por debajo, con 237 requerimientos, de los 283 del total de las áreas.

Estas inspecciones continuarán en la presente campaña de verano. Y es que, de momento, se espera que se realicen un total de 515 visitas en comercios de Castellón.