Bilbao. El pasado mes de julio, 1.589 familias vizcainas no han percibido la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) al no haber presentado la documentación requerida por la Diputación para justificar – ante irregularidades detectadas – que cumplen con lo exigido por la ley. Esta situación fue denunciada ayer por varias ONG, ya que, a su entender, la Diputación ha “suspendido de manera irregular dichas ayudas”, según recogen en un comunicado firmado, entre otros, por la Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Argilan, Mujeres del Mundo, y SOS Racismo.

Los denunciantes critican que la institución foral haya realizado un cruce de datos entre propietarios (del catastro) y perceptores de prestaciones sociales sin revisar los casos individuales. Lo que implica que, incluso, quienes sí cumplen con los requisitos son sancionados de la misma manera que quienes sobrepasan el patrimonio máximo establecido: “La Diputación, actualmente, no sabe a ciencia cierta a cuántas de esas 1.500 prestaciones suspendidas les corresponde realmente la paralización de la ayuda”, dicen.

Al hilo de las críticas vertidas ayer, la diputada foral de Acción Social, Pilar Ardanza, aclaró que por parte de la Diputación “no existe ni ha existido ningún interés en recortar las ayudas”. “Es un derecho que hay que respetar, pero siempre y cuando las personas que lo perciban cumplan con la ley y con los requisitos exigidos: no deben contar con otros bienes diferentes a la residencia habitual y no pueden disponer de más de dos ayudas por vivienda”, relató la diputada.

COTEJAR LOS DATOS En junio 2010, la Diputación comenzó a cotejar datos para revisar la situación de los beneficiarios de estas ayudas. Realizadas las comprobaciones pertinentes y tras el estudio de diversos datos, detectaron que 4.865 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos en Bizkaia no cumplía algunos de estos requisitos que marcha la ley. En las notificaciones personalizadas se concedía el plazo de un año para regularizar la situación, plazo que finalizó el pasado 18 de junio.

En ese tiempo, de los 4.865 perceptores de RGI que no cumplía alguno de los dos requisitos, regularizaron los expedientes 3.276 personas. El resto, 1.589, son los que en el pasado mes de julio dejaron de cobrar la renta de garantía de ingresos. “Las personas que han actualizado su datos y han demostrado que cumplen con la ley, han seguido cobrando igual la ayuda. Había un plazo de un año y más de 1.500 no lo han hecho”.

En este sentido, Ardanza confía en resolver en la mayor brevedad posible los 1.589 expedientes paralizados en julio. De hecho, desde el pasado día 29 hasta ahora, la institución foral ya ha recibido 222 alegaciones. “Intentaremos resolver los diferentes expedientes con la mayor brevedad posible para que, si esas personas justifican que cumplen la ley, vuelvan a percibir su ayuda económica inmediatamente”, aseguró.

También destacó que se comunicó con tiempo que los perceptores debían actualizar su situación y recordó que estas ayudas suponen a las arcas forales un desembolso de 20 millones de euros mensuales. “La cuantía económica que se destina para el RGI es elevada y no podemos consentir abusos”, concluyó.