El reparto de ayudas sociales vuelve a generar polémica en Bizkaia. Organizaciones sin ánimo de lucro denunciaron ayer que 1.500 familias afincadas en el territorio han dejado de percibir «de manera irregular» la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), subsidio que reciben las personas sin recursos, al considerar que la Diputación ha aplicado de forma «incorrecta» algunos artículos de la ley vasca que rige el reparto. El Departamento foral de Acción Social se defendió replicando que ha obrado adecuadamente y que los afectados, que «incumplían» la norma pertinente, han tenido «un año» para regularizar su situación y no perder la RGI.

Las ayudas sociales son abonadas por el Gobierno vasco tras ser aprobadas por los gobiernos forales. Según el último recuento oficial, casi 38.000 vizcaínos perciben hasta 738 euros mensuales al ser beneficiarios de la RGI. Asociaciones como el Consejo de la Juventud de Euskadi, SOS Racismo y Harresiak Apurtuz, entre otras, lamentaron mediante un comunicado que unas 1.500 de estas personas hayan recibido en los últimos días una notificación de la Diputación en la que se les anuncia la suspensión de la ayuda que percibían. De hecho, ya habría dejado de pagarse en julio, aunque – según añaden los denunciantes – en las misivas enviadas «no se especifica en qué se basa la suspensión».

Al parecer, el texto remitido únicamente haría referencia a un epígrafe de la nueva Ley de Bienes Inmuebles en el que se advierte que para cobrar la ayuda no se pueden tener más propiedades que la vivienda habitual. «Han hecho un cruce general de datos entre propietarios (Catastro) y perceptores de prestaciones sin revisar los casos individualmente», lamentan los denunciantes. «El objetivo es recortar gasto sin justificar», añadieron.

El área de Acción Social de la Diputación, liderada por Pilar Ardanza, respondió «negando que se haya retirado la RGI». «Los expedientes se han tramitado conforme a la normativa vigente. Es importante optimizar recursos tal y como está la situación. En Bizkaia invertimos 233 millones de euros anuales en esta ayuda», precisó Ardanza. Según relató la propia diputada foral, la Administración territorial requirió en junio de 2010 a las personas perceptoras de la RGI que se amoldaran a las exigencias de la nueva normativa que rige la materia. Esto es, «no contar con bienes diferentes a la vivienda y no disponer de más de dos subsidios de garantía por hogar».

Recursos

Cotejados todos los expedientes, se detectó que 4.865 peticiones no cumplían alguno de los preceptos y se les concedieron 365 días de plazo para amoldarse al cambio. Pasada la fecha límite, «1.589 no han regularizado su situación, por lo que han dejado de percibir la ayuda», reconocieron tras subrayar que, «si hay gente que cree tener derecho a recibir la ayuda, puede presentar alegaciones con la documentación necesaria». Hasta ayer se habían tramitado 200 recursos en tres días. No obstante, los colectivos denunciantes alertaron de que la institución foral «no dispone de capacidad para resolver los recursos que se van a presentar», por lo que las familias afectadas «corren el riesgo de que se produzca una extinción automática de la prestación».

La gestión de la RGI ya provocó protestas el pasado diciembre, cuando las diputaciones retiraron, a instancias del Gobierno autonómico, la ayuda social a más de 6.000 hogares vascos. Inicialmente se consideraron fraudulentas porque sus titulares no estaban inscritos en el Inem o Lanbide, pero, tras las quejas, y un somero repaso, sólo un millar resultaron ser incorrectas.