Las conselleries de Empresa i Ocupació y de Benestar Social i Família están convencidas de que hay beneficiarios de la renta mínima de inserción que han vuelto a su país de origen pero sus familiares de aquí siguen cobrando las ayudas. Según un portavoz de la Generalitat, “la obligación de revisar los itinerarios personales anualmente no se ha cumplido y se ha renovado la RMI automáticamente en contra de lo que establece el decreto 339/ 2006”.

En estos momentos, un 42,5% de los expedientes corresponde a personas extranjeras pese a que sólo representan el 17% de la población. Al margen de posibles fraudes, eso indica que las situaciones más extremas de pobreza afectan al colectivo inmigrante. También parece descompensado el peso de los inmigrantes marroquíes, que se llevan el 27,5% de las ayudas, cuando sólo representan al 3,2% de la población. En tres años han triplicado las ayudas. Otros colectivos como el ecuatoriano, rumano o colombiano perciben porcentajes de la RMI similares al porcentaje de población que representan.