Este verano ha entrado en vigor (en concreto el 30 de junio) el reglamento que desarrolla la ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España, culminando así las reformas operadas en esta legislación en el año 2009. La nueva normativa ha consolidado la vinculación de la capacidad de acogida de inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo en España. Con el colofón de la crisis económica, el Gobierno ha restringido el acceso de extranjeros desde sus países de origen para trabajar en España justificándolo en el intento de “evitar la sustitución de mano de obra que ya existe en el mercado laboral”.

Conviene preguntarse si la vía adoptada por la legislación española de dificultar la contratación de inmigrantes servirá para canalizar de forma regular el intento de muchos de venir a buscar trabajo ante la difícil situación que están atravesando sus países (porque esto constituye el verdadero efecto llamada y no tanto la mayor o menor agilidad de las políticas públicas para ordenar dichos flujos migratorios); si no lo pueden hacer regularmente lo intentarán de forma irregular, pese al fortalecimiento de los controles fronterizos que se están adoptando en Europa. De la misma forma, se tendría que empezar a explicar a la sociedad que, en el futuro, la recepción de inmigrantes va a ser necesaria ante el cambio demográfico que se avecina por la pérdida progresiva de los efectivos más jóvenes y, como caso más llamativo de entre todos los estados europeos, el progresivo envejecimiento de la población que se va a producir en España.

En todo caso, el reto al que ya debe enfrentarse actualmente la sociedad española es el de la integración de los inmigrantes, más aún si se tiene en cuenta que la mayor parte de extranjeros que ha venido a España a lo largo de esta última década ha decidido permanecer aquí pese a la crisis económica, sus implicaciones y consecuencias; crisis que, por cierto, les ha afectado de forma muy intensa.

El reglamento vigente desde el 30 de junio de este año ha hecho del esfuerzo de integración de los extranjeros uno de los principios básicos para que estos puedan renovar su residencia en España. Para certificar dicho esfuerzo, los inmigrantes deben acreditar su formación en valores constitucionales, tolerancia, democracia o aprendizaje de lenguas, entre otras cuestiones.

Habrá que controlar cómo se concreta la exigencia del conocimiento del conjunto de unos valores que, en algunos casos, son de carácter muy genérico, si bien lo fundamental en toda verificación de la integración real de un extranjero debería ser el hecho de que dispone de un trabajo decente y disfruta de una existencia digna.

En todo caso, lo que no debe olvidarse es que todo proceso de integración es bidireccional; es decir, a la sociedad de acogida también le concierne su logro, y como consecuencia de ello, los poderes públicos, y en particular los partidos políticos, están obligados a actuar al amparo de los mismos valores que también se les exige a los inmigrantes. El respeto al principio de igualdad, así como la prohibición de cualquier discriminación, ya sea por razón de raza o etnia, ya sea por cualquier otra circunstancia social, como la pobreza, son fundamentales para la integración de los inmigrantes.