Donostia. Las obras del colegio donostiarra de La Salle-San Luis en las que el martes sucedió el fatal accidente que acabó con la vida de un obrero no tenían permiso para realizarse. Así se desprende del informe preliminar de la Inspección de Trabajo. Pero no solo eso; sino que según el mismo informe el trabajo también carecía de las “más elementales” normas de seguridad, por lo que las responsabilidades civiles y penales pueden ser altas para los gestores del centro y lo que podría haber sido, según fuentes sindicales, “una chapucilla” se puede convertir en un problema para la Asociación Católica de Padres de Familia, administradora del colegio. Más aún, cuando podrían entrar la Administración y la fiscalía de oficio en el caso, ya que el accidente ha sido mortal. De esta manera, explicaron ayer fuentes del sindicato ELA a este medio, lo que podría ocurrir después de este fatal incidente.

Cabe recordar que, según el informe de Osalan, el trabajador, de 50 años, de origen extranjero y que cobraba el subsidio de desempleo, cayó el martes cuando transitaba con un saco de cemento de 25 kilos sobre unas planchas de madera de enconfrado que cedieron. Tras el accidente fue ingresado, aunque murió el miércoles a causa de las lesiones.

ELA y LAB denunciaron en un comunicado que “con este ya son 32 personas las que han perdido la vida en su puesto de trabajo” en 2011. Por eso, ambos sindicatos denunciaron que los accidentes laborales y sus consecuencias “no son fruto de la casualidad”; sino de “condiciones laborales precarias”. De hecho, subrayaron en el comunicado que la muerte del trabajador en Donostia deja en evidencia qué trae la precariedad laboral, ya que el fallecido trabajaba sin medidas de seguridad apropiadas y era un caso claro de “economía sumergida”.

denuncia institucional Tras el rechazo mostrado por el Ayuntamiento de Donostia y el Gobierno Vasco, las Juntas Generales, al igual que hizo el miércoles su presidenta, Lohitzune Txarola, expresaron ayer en una declaración institucional su repulsa ante los accidentes laborales y su “pesar y dolor” por el fallecimiento del trabajador en Donostia. En la declaración enviada, subrayaron la importancia de las personas dentro del desarrollo económico y social y calificaron la siniestralidad laboral como “un problema estructural de nuestro sistema económico-social”.

Además, las Juntas hacen un llamamiento a la “clase empresarial” para que cumpla “estrictamente” la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo y a la “clase trabajadora”, para que “incremente sus esfuerzos” en materia de prevención ante los accidentes en el trabajo. También urgen a perseguir los delitos contra la salud y la seguridad en el trabajo y una “mejora” de las funciones inspectoras.

El Gobierno Vasco dijo que no hará declaraciones hasta que se termine la investigación y recordaron que el Ejecutivo no puede actuar de oficio, ya que el Estado administra las inspección de empleo hasta el próximo 1 de enero.

Asimismo, informó que la Inspección de Trabajo ha mantenido reuniones con la Asociación de Padres Católicos, para buscar las causas del accidente, y que pronto lo hará con Extranjería para seguir con la investigación, ya que el fallecido era de origen extranjero.