El fallo de la jueza Susan Bolton de la ciudad de Phoenix (Arizona), el 28 de julio de 2010, fue claro: la regulación del estado de los inmigrantes ilegales en EE.UU. es competencia del Gobierno federal y no de los estados federados.

Con esa sentencia, quedó bloqueda la polémica ley de Inmigración de Arizona, que había sido impulsada por el gobernador republicano Jan Brewer. La respuesta de los conservadores fue tajante: demandarían al Gobierno federal ante el Tribunal Supremo por no hacer cumplir las leyes de inmigración.
Demanda de la Administración

En junio de 2011, fue el turno del estado de Alabama. El gobernador republicano Robert Bentley aprobó, entonces, su ley de inmigración, conocida como HB 56. Su fecha de entrada en vigor está prevista para el 1 de septiembre.

El Gobierno estadounidense ha interpuesto, hoy, una demanda ante un tribunal de Alabama para bloquear su puesta en marcha. Los abogados de la Administración americana han asegurado que «si se permite que entre en vigor, el plan de endurecimiento estipulado en la ley HB 56 entrará en conflicto y minará los equilibrios emprendidos por el Gobierno en los objetivos y prioridades del refuerzo» de la legislación de inmigración en EE.UU.

La demanda afirma que «el plan causará la detención y el acoso a visitantes autorizados, inmigrantes y ciudadanos que no tienen o portan los documentos de identificación especificados en los estatutos».

El fiscal general del estado, Eric Holder, ha declarado en un comunicado que «la política de inmigración y el endurecimiento en la legislación en esta materia es una responsabilidad nacional que no puede ser reemplazada por un conjunto de leyes estatales».
La ley de Arizona, bloqueada

Junto con el estado de Alabama, Georgia, Arizona, Utah e Indiana están defendiendo también sus propias leyes de inmigración. La Administración de Obama ha logrado revocar de forma exitosa la ley impulsada por Arizona.

En Estados Unidos, se estima que hay 11 millones de inmigrantes ilegales. Los políticos conservadores acusan al presidente Obama de fracaso en sus intentos por frenar su llegada masiva. Pero todas las propuestas por reformar las políticas federales de inmigración en el Congreso estadounidense han fracasado.

La ley de Alabama obliga a los colegios públicos a verificar el lugar de residencia y el estatus de los estudiantes de nuevo ingreso, previa admisión en el centro escolar, así como la revisión de sus certificados de nacimiento. Además, la Policía deberá arrestar a todo individuo sospechoso de permanecer en el país de forma ilegal, siempre y cuando esta persona no pueda aportar los documentos debidos en el momento de la detención. La ley prevé sanciones para los empresarios que contraten a residentes ilegales, en cuyo caso la licencia empresarial podría ser revocada o suspendida. También será delito transportar o hospedar a un inmigrante ilegal.

Son las mismas medidas que autorizaba la ley de Arizona. Aquella fue bloqueada por un tribunal federal ante la demanda del Gobierno de Obama. El presidente americano, enredado en las negociaciones para evitar la bancarrota del país, suspira por el mismo fallo en el caso de Alabama. Cualquier decisión se mide ya en términos de impacto electoral. Y los inmigrantes fueron decisivos en la elección de Obama.