Los gobiernos de los países de la Unión, y de Occidente al completo, son percibidos por sus ciudadanos como entes inoperantes cuando no impotentes e incapaces en su labor de conseguir resolver los problemas que han generado los tiempos actuales y que tanto les afectan. Han perdido el sentido de las metas morales y de ahí que se halla desvanecido la confianza de un electorado que vuelve la espalda a la política convencional, incluso allí donde la democracia se considera una gran conquista, que se abstiene en las citas electorales y que no contempla ya sus parlamentos como los lugares donde encauzar sus demandas y protestas. La ciudadanía se aparta de los partidos políticos y se muestra muy crítica con las instituciones políticas. De este desinterés y del hartazgo que produce la clase política y sus, en numerosas ocasiones, injustas decisiones, se está beneficiando la antipolítica de la denominada ultraderecha que, generalmente, es una manifestación de fascismo sin más. Europa en general, y la Unión en particular, contempla el ascenso del odio pasivamente por más que acontecimientos como los del pasado viernes en Noruega (Oslo y Utoya), y otros de menor calado, nos avisen de que el huevo de la serpiente está roto y que ésta recorre ya el continente.
La amenaza es una realidad que contamina todas las democracias europeas y que debe tratarse como un problema comunitario y no como simples manifestaciones nacionales. La extrema derecha en Europa ha renacido en las últimas tres décadas impulsada por el resentimiento hacia los poderes cedidos a la UE y por el rechazo del multiculturalismo vinculado a la rápida inmigración de los países en desarrollo. Al caldo de cultivo precedente se han añadido aderezos como la crisis económica y el creciente desempleo que anega los países europeos. A todos los partidos que encarnan la extrema derecha y que rechazan la inmigración y la integración, les ha venido muy bien para convertirse en protagonistas de la política de sus países respectivos y de la propia Unión. El Partido del Progreso noruego, que en 2009 alcanzó el 23% en las elecciones parlamentarias, aumenta cada vez más su representación; el Partido Popular danés tiene 25 escaños en el Parlamento; el Partido Demócrata de Suecia obtuvo un 5,7 % de los votos en las elecciones de 2010; el partido de los Verdaderos Finlandeses obtuvo en las elecciones de abril uno de cada cinco votos; el Frente Nacional francés llegó al 15 % de los votos en la primera ronda de las elecciones regionales de marzo de 2010 y se postula al alza en las próximas presidenciales; el Partido de la Libertad de Geert Wilders, con sus 24 escaños, es el tercero más importante de Holanda; y lo mismo está ocurriendo en Alemania, Austria, Italia y en los países de la Europa del este (Ataka en Bulgaria, Jobbik en Hungría, el Partido de la Gran Rumanía).
Aunque muchos no compartan lo que Anders Behring Breivik ha hecho con sus compatriotas, sí que coinciden en muchas de las apreciaciones de éste en su demente ideario. Todos ellos abjuran del Tratado de Schengen y de la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión; todos ellos cuestionan la inmigración y la apertura de fronteras; todos ellos se oponen a los rescates financieros de los miembros de la UE más débiles; todos ellos se aprovechan de la crisis económica y de los incesantes ataques al euro para cuestionar el proyecto europeo y para hacer apología del estado nacional clásico.
La UE y todas las democracias occidentales están cometiendo un grave error al no dar la importancia que tiene a la extrema derecha en su geografía y al tolerar sus actos violentos. Sólo con informes como el de 1991 señalando el ascenso del racismo y el peligro de estos grupos poco se puede conseguir. La Unión debe mirarla de frente, al igual que a las manifestaciones del otro extremo del arco político, combatirla y eliminarla de la legalidad democrática. Para ello la lucha antiterrorista comunitaria tiene que dejar de ser una quimera debido a que la jurisdicción es de unos Estados que actúan de forma diferente y preferentemente en relaciones bilaterales. También es imprescindible que la estrategia antiterrorista comunitaria recoja no sólo la amenaza del integrismo islámico sino que incluya las acciones de la extrema derecha antisistema. Porque la derecha extrema es tan antisistema como muchos grupúsculos del izquierdismo más radical. Así se manifiesta en sus respectivos países y así actúa en las instituciones de una Unión que quiere destruir y que ya está ‘contaminada’, después de las elecciones europeas de 2009, con numerosos de sus representantes. Los porcentajes por encima del 10% en Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Holanda, Hungría e Italia y los comprendidos entre el 5% y el 10% en Eslovaquia, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia y Rumanía, dan fe del grado de ponzoña que infecta la Unión. La UE no puede mirar hacia otro lado ante las barbaridades ultraderechistas. Barbaridades que reflejan la amenaza interior que tiene el proyecto comunitario. Una más. El primer paso para combatirla pasa por calificar, de una vez por todas, sus acciones como terroristas y no sólo como actos vandálicos, ataques racistas o agresiones xenófobas. A partir de aquí, se deben adoptar medidas duras e inflexibles para erradicarla, a la par que las fuerzas políticas del sistema se reafirman, intelectual, moral y políticamente, en la superioridad de sus convicciones. Las numerosas carencias de la UE, lo mucho que de ella criticamos, no nos deben impedir ver que lo que se está jugando en toda la coyuntura que vivimos es el único proyecto por el que los ciudadanos europeos debemos apostar, el único que nos garantiza evitar el pasado, el único que asegura el futuro de la democracia en Europa.