Trabajadores eventuales recogen uva durante la vendimia, una época del año en la que proliferan este tipo de contratos en el sector agrario. :: JOSECHU GUILLAMÓN

Coser trajes de novia o tapicerías en el salón de casa, preparar las banderillas de encurtidos o las bolsitas de manzanilla en el patio trasero, dibujar las camisetas de propaganda y hasta terminar de montar bicicletas de marca en el garaje. La crisis ha devuelto a la Región, advierten los sindicatos, las furgonetas que reparten este tipo de tareas por casas particulares. Son empresas que no declaran y trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social. Es la práctica más extrema y decimonónica de la economía sumergida. Parecía condenada a la extinción, pero la recesión económica la ha resucitado. Es al menos la advertencia que lanza Comisiones Obreras. «Hemos triplicado las denuncias desde el año 2008», cuenta el secretario general del sindicato, Daniel Bueno.

Claro que todas esas denuncias no se refieren únicamente a este trabajo completamente ‘en negro’. También han aumentado, aseguran CC OO y UGT, todo tipo de fraudes propios de la economía sumergida: se factura menos IVA, aumentan los contratos a tiempo parcial para no declarar el resto de la jornada laboral, y se echa mano de contratos eventuales de obras y servicios para no tener que pagar empleos fijos. La Inspección de Trabajo ha descubierto en la Región, durante los primeros seis meses del año, 18,5 millones de euros en cuotas a la Seguridad Social no declaradas. «Es una cifra similar a la de 2010», aclara José Fuentes Conesa, jefe de la Inspección. Pero sí es superior a la de años atrás, y además, algunos tipos de irregularidades se incrementan de forma muy llamativa.

Por ejemplo, se han disparado las empresas fantasma cuyo único objetivo es hacer contratos falsos para percibir prestaciones por desempleo o bajas por maternidad de forma irregular: en los primeros seis meses de este año, los inspectores han anulado las altas en la Seguridad Social de 1.519 de estos falsos trabajadores. En todo el año pasado se detectaron 800 casos de este tipo, lo que significa que el incremento es de aproximadamente el 279%.

Fuentes Conesa lo achaca en parte «a la mejora de los sistemas de detección». Este tipo de empresas ficticias «suele cobrar unos 100 euros a cada falso trabajador. Les dan de alta, los tienen un tiempo de cotización y después simulan un despido para que cobren el paro», explica el jefe de la Inspección. También crece, un 8%, el fraude en las pensiones de invalidez: en los seis primeros meses del año se ha sancionado a 101 personas que seguían trabajando pese a cobrar una pensión.

Los inspectores han realizado, en total, 4.662 actuaciones contra la economía sumergida en el primer semestre. Son 300 más que en el mismo periodo del año pasado. En total, los funcionarios han detectado a 977 trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social (una cifra similar a la registrada en 2010) y se han impuesto multas por valor de 1,3 millones de euros a las empresas que tenían a estos empleados contratados en negro. Un tercio de todo este empleo irregular se concentra en el sector hostelero, sobre todo en bares y pubs. «Por eso hemos aumentado las visitas en horario nocturno, y este año llevamos ya 285», explica el jefe de la Inspección, José Fuentes Conesa.

También se ha descubierto a 154 inmigrantes sin papeles, en este caso fundamentalmente en el sector agrario. Sus empleadores tendrán que pagar 1,5 millones de euros por haberlos contratado.

Menos horas que las reales

El empleo eventual esconde un alto nivel de fraude. Trabajo ha convertido en fijos a 2.388 contratados por obras y servicios que en realidad mantenían una relación laboral prolongada en el tiempo. Los trabajadores pertenecían, fundamentalmente, «al sector agroalimentario», explica José Fuentes Conesa. Pero algunos empresarios también intentan defraudar a través de contratos a tiempo parcial que completan después pagando ‘en negro’ el resto de la jornada laboral. «Es gente a la que se le contrata por tres o cuatro horas diarias cuando en realidad están ocho», explica Daniel Bueno, secretario general de CC OO. «Nos encontramos con casos de este tipo en el sector de la limpieza, o en bares y cafeterías», añade Ángel Soler, responsable de relaciones laborales en este sindicato.

Un 40% ‘en negro’

¿Hasta dónde alcanza el problema? ¿Son suficientes los datos que aporta la Inspección de Trabajo para hacerse una idea de la magnitud de la economía sumergida en la Región? La respuesta unánime es que no. Entre otras razones, porque también el fraude fiscal – que controla la Agencia Tributaria, y no la Inspección – forma parte de esa economía insolidaria y oculta que agrava la ya de por sí dramática crisis económica que vive la Región. Encontrar datos fiables que permitan concretar el fenómeno es difícil. UGT calcula que el 40% del producto interior bruto (PIB) no se declara a Hacienda. «Son unos 10.000 millones de euros», advierte su secretario general, Antonio Jiménez.

Angel Soler, de CC OO, no lo ve descabellado: «Si en 2006, con un 9% de paro, la economía sumergida rondaba el 20 o 25%, no es extraño imaginar que ahora podamos estar en ese 40%». Los datos de 2006 a los que hace referencia Soler corresponden a un estudio del Consejo Económico y Social (CES). El informe, elaborado por el catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia José Colino Sueiras, es la última aproximación rigurosa al tema que se ha hecho en la Región.

Los peores datos de España

Colino Sueiras advertía en ese documento de que el 22% de los trabajadores no estaban dados de alta en su actividad principal, y que otros dos de cada diez tenían jornadas laborales superiores a la legal. Según el estudio del CES, Murcia era la comunidad autónoma con mayor porcentaje de economía oculta. CC OO y UGT corroboran esa idea. UGT considera, de hecho, que la Región dobla las tasas de actividad sumergida del conjunto de España. Los sindicatos alertan de que el problema se ha disparado con la crisis. «El arco que forman Alicante, Murcia y Almería ha abarcado, tradicionalmente, la zona con mayor economía sumergida de España», explica Ángel Soler. «Ahora, la situación ha empeorado», añade. Hasta el punto de que el nivel de fraude a Hacienda y de trabajo no declarado habría crecido unos siete u ocho puntos en los dos últimos años, según UGT.

El director general de Trabajo de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, Fernando Vélez, cree sin embargo que no pueden extraerse conclusiones «porque no hay datos oficiales». «Es cierto que en los últimos años se produjo un incremento de fraudes detectados, pero hay que recordar que se produjo también un aumento de las inspecciones, y que esas inspecciones son además ahora más eficaces», explica. En todo caso, Vélez admite que «en general, la experiencia nos dice que cuando hay crisis económicas se buscan atajos indeseables». El director de Trabajo no cree que Murcia sea la región con mayor grado de economía sumergida. «Podemos decir que estamos en niveles similares a otras comunidades», subraya.

Rosalía Sánchez – Solís, responsable de relaciones laborales de la patronal CROEM, recuerda sin embargo que el Consejo Económico y Social (CES) ha situado a Murcia por encima de la media. «Hay que tener en cuenta que los sectores más predominantes en la Región permiten tener tasas más elevadas de empleo estacional, y eso hace más posible la economía sumergida. Los empleos eventuales son más fáciles de no declarar, y ese tipo de contrataciones están ligadas al turismo o a la agricultura», reflexiona. Pero Rosalía Sánchez – Solís también cree que ha habido avances. «En construcción, por ejemplo, ya es raro encontrarse con estas situaciones, y además las inspecciones han aumentado».

Servicios públicos en juego

Más allá de los matices a la hora de analizar el problema, administración y agentes sociales son unánimes al recordar los efectos nefastos que la actividad sumergida tiene en la Región. «En un momento en que se ha producido un desplome de los ingresos públicos como efecto de la crisis, las consecuencias de estos fraudes se agravan», explica Antonio Jiménez, secretario general de UGT. Mientras el dinero que llega a la sanidad pública o a la Dependencia es claramente insuficiente, hasta el punto de que se plantea incluso su sostenibilidad para el futuro, miles de millones de euros se quedan ocultos para el único disfrute de los defraudadores. El problema, recuerda Antonio Jiménez, es que existe una «cultura de tolerancia» hacia el fraude que hay que combatir. ¿Cuánto dinero llega a perderse en la facturación del IVA en la Región? Nadie lo sabe. «Que te pregunten si quieres factura con o sin IVA es habitual – admite Ángel Soler, de CC OO – pero tengo una anécdota que ejemplifica hasta qué punto eso está socialmente admitido: fui a comprar una taladradora a una tienda, y allí, cuando el establecimiento estaba repleto de gente, el dueño me preguntó directamente si me quitaba el IVA».

Sin derechos laborales

Mientras el fraude fiscal perjudica al mantenimiento de los servicios públicos, el fraude a la Seguridad Social supone además un retroceso en el avance en los derechos sociales y laborales. «Los trabajadores están peor retribuidos, y para los empresarios que sí cumplen con sus obligaciones es una competencia desleal», recuerda Antonio Jiménez. A los sindicatos les preocupa el resurgimiento del trabajo oculto, desde casa, algo que se creía destinado a la desaparición. «En Yecla y Alhama hemos vuelto a ver a gente que hace zapatos en sus casas, y en Murcia conocemos varios domicilios en los que se hacen banderillas de encurtidos. De hecho, el 100% de este producto se elabora de esta manera, mediante trabajo ‘en negro’», asegura Ángel Soler.

«Muchos de los trajes de novias que vemos en los escaparates también están hechos en casas, e incluso las bicicletas se terminan de montar en viviendas particulares», advierte. El problema, subraya Daniel Bueno, secretario general de CC OO, es que aunque se denuncien estos casos, «la inspección de Trabajo no puede entrar en una casa». Se necesitan, defienden los sindicatos, más medidas contra la economía sumergida. Por eso han incluido esta cuestión en el recientemente recuperado diálogo social.