Los ciudadanos rumanos que quieran trabajar en España requerirán un permiso laboral, según acordó ayer el Gobierno, que insistió en que esta medida tendrá carácter temporal y no repercutirá sobre los rumanos que ya están trabajando en España.

El Consejo de Ministros aprobó un acuerdo que reactiva el periodo transitorio que se estableció en 2008 para los ciudadanos rumanos que quisieran trabajar en España.

Así, según el Ejecutivo, los rumanos que quieran trabajar en España por cuenta ajena tendrán que tramitar una autorización previa, que se basará en la existencia de un contrato de trabajo.

El Gobierno insistió en que la decisión es “estrictamente técnica” y se basa en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España.

La medida tendrá carácter temporal y será evaluada de forma continua para evaluar el mercado laboral español, informó el Gobierno, que informó de estas medidas a las autoridades rumanas.

De hecho, el Gobierno de Rumanía dijo que entiende que esta decisión es “estrictamente técnica” y que no tiene “ninguna connotación política”, y a través de su Embajada en Madrid dijo que cuenta con el compromiso de España de que la medida será “temporal” y su aplicación estará sujeta a la evolución del mercado de trabajo.

La Comisión Europea aseguró ayer que España no puede introducir nuevas restricciones a la entrada en el país de trabajadores rumanos.

“En principio, España no puede introducir ahora restricciones temporales a trabajadores de Rumanía”, dijo en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario David Boublil, al ser preguntado sobre la medida.

Por su parte, UGT y CCOO expresaron su desacuerdo con la decisión del Gobierno ya que, a su juicio, la medida vulnera el diálogo social y podría promover la economía sumergida y la xenofobia.

CCOO argumenta que la decisión del Gobierno es de “discutible” efectividad, ya que los rumanos podrán seguir entrando en España, por la libertad de circulación en la UE, a la vez que se les restringe su posibilidad de trabajar en el país y, por lo tanto, puede producirse un incremento en la economía sumergida.

UGT expresó considera que puede “alentar y justificar” declaraciones y actuaciones de “diferentes partidos y administraciones” que expresaron su “rechazo” a la población rumana con propuestas “claramente” xenófobas.