Los rumanos volverán a ser europeos de segunda. El Consejo de Ministros previsiblemente estudiará mañana una propuesta del titular de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, que obliga a los miembros del colectivo de extranjeros más numeroso en nuestro país a contar con un permiso de trabajo si quieren venir a España.

En otras palabras, deberán disponer de un contrato de trabajo previo a su llegada, como los extracomunitarios, según explicaron las fuentes consultadas. Se reactiva así la moratoria que se fijó en 2007, cuando Rumanía y Bulgaria ingresaron en la UE, por la que se imponían a estos ciudadanos limitaciones de acceso al mercado de trabajo. En 2009, el entonces ministro Celestino Corbacho levantó estas restricciones, que, en un principio, se habían marcado hasta 2014.

Ahora, el Ministerio admite en un comunicado que «la situación del mercado laboral en España» le obliga a adoptar de nuevo esta medida. Eso sí, precisa, tiene «carácter temporal» (no podrá durar más allá de 2014) y «no afectará a aquellos rumanos que ya forman parte del mercado laboral español». En la Secretaría de Estado de Inmigración no quisieron precisar qué pasará con los 50.000 rumanos que actualmente cobran subsidio de desempleo.

Para saber ésta y otras cuestiones, el Grupo Parlamentario de ERC, IU e ICV pidió ayer la comparecencia de Gómez en el Congreso. También criticaron la medida tres ONG Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Anaquerando, que la consideraron «inviable desde un punto de vista jurídico y de garantía de derechos». La pregunta que se hacen es: ¿por qué un francés puede venir a España sin permiso de trabajo y un rumano, que también es ciudadano europeo de pleno derecho, tendrá que hacerlo?

Los colectivos de rumanos también lamentaron la decisión del Gobierno. Daniel Tecu, presidente de la Federación de Asociaciones de Rumanos de Europa (Fadere), advirtió que «provocará que aumente la economía sumergida» y «perjudicará las relaciones entre los dos países, que hasta ahora han sido muy buenas».

Miguel Fonda Stefanescu, presidente de la Federación de Asociaciones Rumanas en España (Fedrom), admitió que, tal y como están las cosas, con una tasa de paro del 20%, «el mercado de trabajo no absorbe más». «No es la mejor medida, pero tampoco llegamos a los niveles de lo que hacen Italia o Dinamarca con los extranjeros», expresó.

A pesar de la crisis, el número de rumanos residentes en España ha seguido aumentando, de forma constante, mientras el de otras nacionalidades (como los ecuatorianos) descendía. En 2007, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó medio millón de empadronados y ahora son en torno a 800.000.