La oficina del Defensor del Pueblo, que dirige María Luisa Cava de Llano, publicó ayer el primer informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) con la finalidad de evitar prácticas de malos tratos y tortura en lugares de privación de libertad.

La institución, que a finales del 2009 asumió la tarea encomendada por las Cortes Generales, visitó 231 centros de reclusión de toda España, sin previo aviso y de manera preventiva, entre los que se incluyen calabozos de comisarías, cárceles, dependencias de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, juzgados y centros de menores y de extranjería.

Entre las debilidades detectadas, el Defensor mostró su «preocupación por la exposición mediática de los actos de detención» y explicó que la imagen de personas esposadas «saliendo de sus casas o accediendo a edificios policiales y judiciales constituye un contenido habitual de programas de información e incluso de entretenimiento».

Esto supone un «trato degradante» y el «total desconocimiento de las normas para la práctica de la detención» por parte de los agentes, como lleva ocurriendo en varios casos de corrupción en que los policías exhiben a los detenidos como un trofeo.

El Defensor del Pueblo reclama también que se generalice el uso de videograbaciones en todas los centros al darse cuenta de la gran disparidad de prácticas en esta materia. Según refleja el informe, «la videovigilancia y la videograbación son instrumentos básicos para prevenir comportamientos indebidos por parte del personal que presta sus servicios».

Por otra parte, la institución exige al Poder Judicial que se investiguen «hasta el final» las denuncias por tratos lesivos y pide que se adopten «medidas legislativas para evitar que ninguna persona, independientemente de su situación, pueda ver mermado su derecho a que sus denuncias sean investigadas y adecuadamente resueltas por un juez». «El caso más paradigmático es el de los extranjeros que van a ser repatriados a su lugar de origen, donde, con demasiada frecuencia, cualquier investigación por malos tratos se acaba suspendiendo, favoreciéndose así la impunidad», explica el informe.

Según el documento elaborado por el Defensor del Pueblo también incluye una petición urgente al Ministerio del Interior en la que solicita «una reforma integral o el traslado a otras instalaciones, a la vista del inaceptable estado de conservación y manetenimiento» de algunos centros de reclusión entre los que se encuentran la comisaría del Distrito Centro de Madrid o los Juzgados de la Plaza de Castilla.

El Defensor califica de «especialmente preocupante» la situación de varias zonas con malos olores, falta de higiene, filtraciones de agua, falta de medidas contra incendios e incluso, se detectó el uso de armas municionadas en la zona de los calabozos.