madrid. Los rumanos que quieran venir al Estado a trabajar por cuenta ajena deberán tramitar una autorización previa basada en la existencia de un contrato de trabajo, sin efecto sobre los que ya forman parte del mercado laboral nacional, según la propuesta que verá el Consejo de Ministros mañana. “Es una decisión estrictamente técnica, basada en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España”, argumenta el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En este sentido, desde la cartera que dirige Valeriano Gómez insisten en que es una medida “temporal” y sometida a “evaluación continuada” según evolucione el mercado laboral. Así, los Ejecutivos de España y Rumanía han acordado crear un grupo “operativo” de trabajo para gestionar todos los aspectos derivados de la aplicación de la medida.

La decisión se enmarca, se asegura, en la política migratoria general adoptada por el Gobierno a través del diálogo con los interlocutores sociales, que persigue “ajustar” los flujos de entrada a las necesidades del mercado de trabajo.

El Ministerio recuerda que la comunidad rumana tiene una alta tasa de actividad y una plena integración en la sociedad y que el Gobierno mantiene un diálogo permanente con las autoridades rumanas en relación con esta moratoria. “Esta moratoria no afecta a la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea”, aseguran.