Varios municipios catalanes han decidido establecer disposiciones específicas que afectan al arraigo y a la percepción de servicios por parte de la población inmigrante. Lo mismo ha hecho la Administración de la Generalitat con la limitación de ayudas por nacimiento a quienes lleven un mínimo de cinco años residiendo en Catalunya, y al cobro de la renta mínima, para lo que se requerirá un mínimo de dos años de residencia. Esta batería de medidas, que atienden genéricamente al principio primero los de aquí, plantea dudas ciertas de orden legal y bastantes más de orden social.

Hecha la salvedad de que es obligación de los gestores públicos evitar la trashumancia o el turismo asistencial, son evidentes los riesgos que se corren al establecer reglamentos específicos para una parte de la población sin otro criterio que el de la nacionalidad. Incluso en épocas de estrecheces presupuestarias generalizadas, medidas manifiestamente excluyentes como establecer cupos de residentes extranjeros y reservar las viviendas del centro de la población para los autóctonos, como se baraja en Salt, conllevan un peligro evidente de dislocación social, por no hablar de la consolidación de guetos. Es decir, tienden a favorecer situaciones radicalmente opuestas a lo que debe ser el objetivo principal de los gobernantes: favorecer la convivencia y la integración social, y no ceder a la presión de las organizaciones xenófobas.