Esta semana ha venido marcada por las declaraciones del nuevo alcalde de Salt (Gerona), Jaume Torramadé, de UDC, quien apostó por fijar un cupo de inmigrantes por municipio para evitar las disfunciones que ocasionan las concentraciones de miembros de este colectivo en un mismo pueblo o ciudad. Como es el caso de Salt, en la que el 43% de población es inmigrante. La propuesta del primer edil, que fue tachada de inviable por el líder de UDC, Josep Duran, también precisaba que el número de escolares inmigrantes por aula no debería superar el 20%.

A propósito, la consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, fijó ayer en un tercio el «porcentaje ideal de inmigrantes» que debería haber en cada clase. En una entrevista en el programa «El secret» de «Catalunya Ràdio», la consejera aseguró que la ley de educación prevé fijar un porcentaje de inmigrantes en cada clase, y que su equipo está estudiando qué porcentaje sería el más indicado.

De todos modos, Rigau aventuró que, por su experiencia como docente, «allí donde se pueda, un tercio de la clase sería ideal», aunque hay municipios como Salt o Guissona (Lérida) donde es difícil de aplicar porque la tasa de inmigración de estas localidades ya supera el porcentaje fijado.Por ello, el departamento prevé fijar un porcentaje —se trabaja con el 33%—, y a partir de esta cifra, desarrollar «estrategias en cada centro» para reforzar las «necesidades» específicas que surjan en cada caso.

Por otra parte, la consejera también se refirió a la eliminación de la sexta hora en las escuelas públicas, que permitirá ahorrar «500 millones de euros» al departamento, que se invertirán en reforzar la enseñanza y la formación posobligatoria de los jóvenes de 16 a 18 años.

«Los recursos que ganemos de quitar la sexta hora se destinarán para que los jóvenes entre 16 y 18 años sigan estudiando, que es lo que realmente nos separa de Europa: el abandono de la educación en la franja posobligatoria», aseveró.