Bilbao. Para SOS Racismo, el año 2010 fue un año de “transición” para la población inmigrante vasca (6,6%) tras el desmantelamiento del servicio de atención Heldu y el limbo en el que navega el III Plan de Inmigración que no acaba de ver la luz. Y van dos años de Gobierno socialista. Todo ello incrementa la “desprotección” de un colectivo especialmente vulnerable. Además, tal y como alertó el Barómetro de Ikuspegi hace algunos meses, “en Euskadi se observa un aumento de la hostilidad hacia las personas extranjeras”, después de que haya subido 10 puntos el porcentaje de autóctonos que cree que la llegada de inmigrantes aumenta la inseguridad ciudadana. En concreto, seis de cada diez vascos observa con recelo a este colectivo, que según SOS Racismo, es víctima de una “conflictividad de baja intensidad” en los ámbitos de barrio cuya máxima expresión es el pulso del barrio de La Arboleda contra una familia gitana realojada de Sestao.

En cuanto a las agresiones racistas, SOS Racismo lamenta no tanto el número como “la gravedad de algunas agresiones” y “la indiferencia de los testigos”, como el caso de la agresión sufrida por una mujer paraguaya en el metro de Bilbao, en noviembre del año pasado. Asimismo, recordaron el caso de un trabajador senegalés que fue brutalmente agredido en Lantaron (Araba) sin más motivo que “el odio al diferente” en julio.

Durante la presentación del Informe Anual sobre el racismo en el Estado español, la organización denunció el endurecimiento de los controles de extranjería por parte de las policías locales de Bilbao y Donostia “de lo cual han dado cuenta con una identificación de personas extranjeras en Donostia que acudían a intentar arreglar su situación administrativa a un local de Cáritas”, manifestó su portavoz en Bizkaia, Patxi de la Fuente.

Los datos apuntan a un aumento sostenido de la población inmigrante si bien la media aún se mantiene hacia la mitad de la estatal. Al igual que lo relativo al Estado, se trata de una población estable y a la vez variada en cuanto a nacionalidades. Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, a 1 de enero las personas extranjeras empadronadas en Euskadi eran 144.551, 48.234 de la UE y 67.000 de otros países. De ellas, 115.838 tenían autorización de residencia (regulares) lo cual indica que “más de la mitad de la población extranjera extracomunitaria tiene un proyecto migratorio claramente de permanencia y estabilidad”, señaló De la Fuente.

El limbo burocrático de Lakua El año 2010 debería haber sido la puesta en marcha del III Plan de Inmigración pero, tal y como manifestaron ayer, “sólo hacia finales de año se han iniciado los trabajos de elaboración de este Plan” que no será operativo hasta finales del presente año. Mientras tanto, es el ámbito local el que toma la iniciativa aunque en ocasiones se aprecia “cierta contradicción entre las medidas adoptadas y la práctica diaria”, resaltaron.

Un hecho importante por la trascendencia que ha tenido ha sido la supresión el mes de julio del servicio Heldu que se ocupaba de la atención a la población extranjera en situación de vulnerabilidad. Según SOS Racismo, la decisión del Gabinete de Genma Zabaleta fue “un cierre abrupto sin una alternativa clara” lo cual ha creado “una situación de inseguridad y mermado los derechos de este sector de la población”. Hasta pasado el primer trimestre del presente año no se clarificado el llamado nuevo modelo de atención y que todavía está en fase de implantación.

La supresión de Heldu se contextualiza en una reordenación de los servicios sociales y de empleo donde Lanbide juega un papel central. “Es pronto para saber cómo afectará a la población inmigrante esta nueva ordenación de recursos. Lo que sí podemos decir es que este nuevo enfoque parece pivotar de manera casi exclusiva en la empleabilidad dejando de lado otros aspectos igual de importantes que por proximidad podrán ser valorados por los servicios sociales municipales en detrimento de una estructura burocrática como es Lanbide”, advirtieron.

En resumen, señalaron: “El año 2010 se puede considerar como año de transición a la espera de observar en el 2011 los efectos de la nueva ordenación de los servicios sociales, y de la puesta en marcha del III Plan”. El desarrollo de prestaciones sociales como son la RGI o la Ley de Servicios Sociales, que convierten en derechos lo que hasta ahora eran prestaciones en función de los presupuestos, "supone un importante reto en un contexto de crisis ", según SOS.

Asimismo, desde SOS Racismo subrayaron que "ante unos recursos limitados resulta tentador excluir a los últimos en llegar y dejar de lado el principio de universalidad en favor de unos votos.