LA crisis de Europa no es solamente económica, es esencialmente política. La situación de los denominados países periféricos de la Unión se está convirtiendo en el ejemplo más claro de que el proyecto común europeo se ha apartado de los principios que marcaron el progreso continental en el último medio siglo.

Conviene recordar que Europa es un proyecto político plasmado en principios y normas de convivencia e interrelación que expresan unos valores en los que se reconocen los ciudadanos de los 27 Estados miembros. Nos une la historia común y una manera de entender el mundo. La idea fuerza del europeísmo es la búsqueda de la paz entre los pueblos continentales a través de la solidaridad y la justicia social. Basta releer el artículo 3 del vigente Tratado de Lisboa para darnos cuenta de lo lejos que estamos de los ideales fundadores de la Unión Europea que se deben plasmar, entre otras cosas, en una economía social de mercado tendente al pleno empleo y al progreso social. La Unión debe combatir la exclusión social y la discriminación y fomentar la justicia y la protección sociales amén de garantizar “la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros”.

Semejantes propósitos y principios deben estar permanentemente resguardados de vientos y tempestades. La imposición de un modelo económico neoliberal a escala global no puede ser incompatible con el compromiso político que nos une como europeos. De lo contrario, habremos perdido la partida y volveremos al escenario de confrontación permanente entre sociedades europeas que marcó el devenir del continente hasta la segunda guerra mundial. Y es que la crisis económica está sacando a flote lo peor de la condición política latente en muchos Estados europeos: insolidaridad entre Estados, ausencia de una mínima empatía con los ciudadanos europeos abocados a la pobreza, desprecio a culturas distintas a las estrictamente nacionales y actitudes xenófobas contra propios y extranjeros.

Son numerosos los ejemplos de esta crisis política. La reciente y todavía vigente alerta alimentaria en Alemania ha demostrado la escasa consideración que merecen para determinados Estados los bienes y haciendas de otros países de la Unión, que pueden ser sacrificados en el altar de su propio interés o de su propia incompetencia. Y además, que paguen otros los daños. Este episodio es muy gráfico de lo que no debe ser la defensa insolidaria e ineficaz de las propias sociedades a costa de llevarse por delante sectores vitales para sociedades y economías débiles. Se puede tirar la piedra hacia el sur sabiendo que no tendrá consecuencias serias.

Pero donde se ponen de relieve con toda crudeza las debilidades estructurales de la Unión es en la gestión de la crisis económica que está devastando a una parte pequeña y frágil de la organización, sin que los ricos y fuertes den una respuesta adecuada en tiempo y forma a la situación de quiebra de determinados Estados en situación de indigencia. El Tratado de Maastricht determinó el sometimiento de los Estados de la Unión a las reglas de los mercados financieros, de suerte que, a partir de este momento, el Banco Central Europeo ha quedado excluido de participar en las emisiones de deuda estatal. La presunción de la eficacia de los mercados de capital, premisa básica del neoliberalismo, conlleva el sometimiento de los Estados a un capitalismo financiero desregulado. Desgraciadamente, se ha demostrado que estos mercados pueden llegar a ser agentes especuladores que lejos de ser objetivos en la evaluación de riesgos generan incertidumbre con el fin de aumentar la rentabilidad de sus inversiones.

Pues bien, esta opción supone, en el fondo, ceder la política económica del conjunto de la Unión a la ortodoxia del capitalismo neoliberal. La organización no puede, evidentemente, hacer otra cosa que aceptar el orden financiero global, pero su responsabilidad es hacer frente a los desequilibrios internos compensando situaciones de crisis a través de mecanismos financieros propios que funcionen de manera rápida y eficaz. Esto no se está produciendo. La crisis de Grecia está demostrando que la pretensión de los Estados ricos y famosos no es la de establecer un auténtico gobierno económico europeo basado en la solidaridad y en la justicia social para el conjunto de los ciudadanos, sino en profundizar en reformas que acompañen y refuercen la lógica de los mercados financieros en detrimento de la solidaridad europea y de la democracia.

El denominado Pacto del Euro, cuyas medidas se aprobaron en el Consejo Europeo del pasado marzo, pone bien a las claras que la política económica de la Unión pasa por castigar a los Estados económicamente fallidos y por someter a constante vigilancia las políticas presupuestarias nacionales. Las instituciones de la Unión, especialmente la Comisión, tendrán como misión central hacer guardar el cumplimiento de los criterios de gobernanza económica y financiera. Los Estados, en fin, pierden cualquier capacidad de autoorganización debiendo, como objetivo esencial, cumplir con los indicadores macroeconómicos que garanticen la estabilidad financiera de la zona euro. O pacto del euro o fin de la historia.

Lamentablemente, no cabe en este planteamiento un reforzamiento del Banco Central Europeo como entidad que intervenga decisivamente en situaciones de crisis sobrevenidas y permita a los Estados una menor dependencia de los mercados. Solamente a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera podrán rescatarse economías en riesgo de bancarrota y siempre que se avengan a cumplir con los draconianos estándares exigidos por los operadores financieros internacionales.

A la luz de tal escenario, parece claro que Europa ha renunciado a sus propósitos fundacionales. Se asumen las desigualdades sociales entre ciudadanos de diferentes países y se renuncia a la cohesión económica y a la garantía de una protección social mínima para el conjunto de los ciudadanos de la Unión. Que cada palo aguante su vela.

En esta peligrosa deriva han estado muy presentes los intereses cortoplacistas de dirigentes políticos que miran más a su propio electorado que al proyecto integrador común. El mensaje demagógico de algunos partidos está plagado de eslóganes tóxicos para el proyecto europeo: se acabó mantener con nuestro dinero la ineficiencia, la escasa productividad y la frivolidad de los pobres que han creído que podían vivir como ricos. Ciertamente ha existido una situación de descontrol en el déficit público por parte de diferentes países, de la mayoría, pero podría haberse corregido con los mecanismos previstos en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión. En lugar de ello, se ha optado por crear mecanismos ultragarantistas de la ortodoxia macroeconómica con pena de exclusión perpetua para quien los incumpla.

Estamos muy cerca de salvar la economía de los Estados de la zona euro pero también de perder la esencia y la razón de ser de Europa. No podemos convertirnos en meros instrumentos al servicio de los mercados financieros. Si así fuera, no habría merecido la pena este viaje.