La legislatura estatal aprobó una iniciativa de ley que exige a la policía de Carolina del Sur revisar el estado de inmigración de sospechosos y ordena que todos los negocios revisen sus contrataciones a través del banco de datos federal en línea.

La Cámara de Representantes aprobó aceptar los cambios realizados por el Senado y envió la ley a la gobernadora Nikki Haley, cuyo vocero confirmó que ella la firmaría.

El presidente de la Cámara Baja, Bobby Harrell, señaló que Carolina del Sur es el más reciente de una serie de estados que han implementado tales requerimientos.

El proyecto de ley amplía una norma estatal del 2008, que en su momento fue considerada una de las medidas de fuerza más duras de la nación contra la inmigración ilegal.

Exige a los agentes del orden llamar a oficiales federales de inmigración si sospechan que alguien está ilegalmente en el país. La pregunta sobre la situación migratoria del sospechoso debe hacerse después de un arresto por cuestiones viales o por otra razón. La medida prohíbe a los agentes detener a alguien solo por la sospecha de ser indocumentado.