El espacio Schengen, que garantiza la libre circulación de personas en Europa, está cada vez más lejos de Bulgaria y Rumanía, dos países que ingresaron en la UE en enero de 2007 al prometer equiparar su sistema judicial y policial a las normas comunitarias, además de luchar eficazmente contra la corrupción. Sofía y Bucarest han hecho esfuerzos por cumplir su promesa, pero no han podido entrar en Schengen porque Francia y Alemania ponen en duda la capacidad de los dos estados balcánicos, que ya sufren restricciones en materia de emigración, por controlar sus fronteras.

Los gobiernos de Emil Boc en Rumanía y de Boiko Borisov en Bulgaria creen que Europa retrasa su ingreso en el espacio comunitario por cuestiones de orden político y electoral. La opinión pública rumana y búlgara es cada vez más escéptica respecto a la UE y cree que «los países ricos de la Unión tratan a los pobres con desprecio. Da igual que sea por el asunto de los gitanos, la emigración o Schengen», indica el sociólogo rumano Mircea Kivu.

Sofía y Bucarest tendrán que esperar hasta septiembre para que una decisión política autorice su adhesión al espacio de libre circulación, concretamente en la reunión de los ministros europeos del Interior que se celebrará en Salzburgo (Austria). Los gobiernos de ambos países mantienen que Bulgaria y Rumanía «merecen ingresar en la zona de libre circulación» porque han cumplido todos los requisitos de ingreso sin que sus ciudadanos tengan necesidad de visado y están preparados técnicamente para alcanzar este objetivo.

Decisión «muy negativa»

Sin embargo, a pesar de la recomendación del Parlamento Europeo, el último consejo de ministros del Interior de la UE aplazó el acceso a Schengen para septiembre debido al bloqueo que ejercieron estados como Francia, Alemania, Dinamarca y Holanda. El aplazamiento estuvo condicionado también por los acontecimientos en África del norte y el aumento de la presión de los flujos migratorios hacia los países de la UE. «Esta decisión es muy negativa y nadie debe extrañarse de que rumanos y búlgaros se estén alejando de Europa», señala Mircea Kivu.

Según un estudio del Instituto Sociedad Abierta de Bulgaria, la tercera parte de sus ciudadanos creen que la decisión sobre la incorporación de su país a Schengen afectaría a voto en las próximas elecciones presidenciales y municipales. Los datos de la encuesta demuestran que una cuarta parte de las personas consultadas esperan que el ingreso de Bulgaria en el espacio de libre circulación tenga lugar antes de finales del año, y el 38% aprobaría una eventual demora si estuviera relacionada con la falta de reformas en el sistema judicial.

Bulgaria y Rumanía no han tirado la toalla y quieren impulsar un plan concreto de cooperación en la protección de las fronteras externas de la UE. El ministro del Interior búlgaro, Tsvetán Tsvetanov, anunció que su país «efectuará visitas diplomáticas para probar que pueden proteger las fronteras externas de la UE tal y como lo hacen los demás miembros del espacio Schengen».

En julio, la Comisión Europea (CE) emitirá un informe sobre el progreso de Bulgaria en materia de represión contra la delincuencia organizada que, según Sofía, será positivo. El director de Europol, Rob Wainwright, apuntó en esta dirección al declarar recientemente que «en los últimos dos años he observado muchos indicios positivos en la lucha contra el crimen organizado». La otra cara de la moneda es que, según la ONG World Justice Proyect, Bulgaria se sitúa en penúltimo puesto en la clasificación sobre eficiencia jurídica. El estudio destaca que la corrupción es alta y es bajo el grado de rendición de cuentas por parte del Estado.