El plan para derribar uno de los bloques más conflictivos de la Mina, el de la calle de Venus donde viven unas 240 familias, será revisado por el Ayuntamiento de Sant Adrià que tiene proyectado demoler el edificio desde hace 10 años. El concejal de Urbanismo, Joan Callau (PSC), informó de que el ayuntamiento ha llamado a las familias afectadas para que justifiquen su situación socioeconómica los próximos días. El propósito del censo es determinar si pueden asumir los costes del realojo en pisos nuevos, un trámite que costará, en promedio, algo más de 30.000 euros por familia.
El anuncio se conoció después de del auge de las manifestaciones de quienes se oponen a pagar por su realojo. Desde hace unas semanas los afectados se concentran cada lunes frente al Ayuntamiento de Sant Adrià, una rutina que trasladaron el jueves a la plaza de Sant Jaume de Barcelona, donde unas 50 personas protestaron frente a la Generalitat para pedir «piso por piso».

El movimiento vecinal exige al Consorci de La Mina (compuesto por los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià, la Generalitat y la diputación) el cumplimiento de la llamada ley Haus, un decreto aprobado hace dos años y que fija que un afectado por una expropiación debe recibir una vivienda similar sin que el afectado deba pagar por ello.

Pero las autoridades se niegan a aplicar esta ley, puesto que aseguran que el proyecto urbanístico es anterior a la aprobación del decreto. Ahora, el gobierno local se reunirá una a una con todas las familias afectadas. «Si la mayoría no está dispuesta a pagar por su realojo, no derribaremos el edificio. Pero quienes sí lo estén, se irán a los pisos que estamos construyendo», explicó el concejal de Urbanismo de Sant Adrià.

El anuncio puede terminar siendo solo una estrategia de dilación, según los vecinos, puesto que es probable que la mayoría de los afectados estén dispuestos a pagar los 30.000 euros por marcharse del bloque donde viven con graves problemas de incivismo y convivencia, según reconocen los afectados. Unas 50 familias ya han manifestado su intención de pagar con tal de tener una vivienda nueva.

UNA DÉCADA DE AFECTACIÓN / «Quienes trabajan y tienen recursos están dispuestos pero hay mucha gente pobre, jubilada o en paro que no tiene recursos. Este es un barrio en el que muchas familias viven de pagas mínimas», explica José Amaya, afectado por el plan. Los vecinos creen que, pese a esta posibilidad ofrecida por el ayuntamiento, el edificio será finalmente derribado, porque forma parte de un proyecto de transformación que ya ha sido pactado por todas las administraciones y que ha recibido fondos de cohesión de la Unión Europea.

Desde hace 10 años los vecinos no han podido hacer reformas en sus casas por la afectación urbanística del bloque, uno de los más deteriorados del barrio. Pero si finalmente no se derriba, tienen previsto otro plan: demandarán al ayuntamiento por haber afectado el bloque 10 años y no ejecutar el traslado.