«Me hacía cosas que ni me atrevo a contar. Me da vergüenza». Sandra no se llama Sandra. Ocultamos su nombre para protegerla. Colombiana de 38 años, es una de las más de 2.000 mujeres que viven en la Comunitat aferradas a un botón. El del dispositivo móvil de teleasistencia contra el maltrato. Ella ya lo ha pulsado dos veces, acosada por su ex pareja en Santa Cruz de Tenerife.

Desde hace ocho meses subsiste a duras penas en un piso de Valencia. Tuvo que huir. Poner tierra y mar de por medio para no escuchar más aquellas palabras que aún le hacen temblar: «No te dejaré viva. No tengo por qué mancharme las manos. Conozco a gente que mata por 50 euros».

En la Comunitat Valenciana hay más de 2.000 mujeres que viven con un móvil de teleasistencia. Prácticamente desde su puesta en marcha ha sido la región de España con más aparatos concedidos. En la actualidad sólo es superada por Cataluña, según datos del Ministerio de Igualdad.

La Conselleria de Justicia también otorga dispositivos de telealarma desde 2002. Desde esa fecha, 266 víctimas se han beneficiado del servicio a través de los Centros Mujer 24 Horas. «A diferencia del dispositivo de competencia ministerial, no es necesario que dispongan de orden de alejamiento para concederlo. Basta que valoremos que está en situación de riesgo», explica Alicia Ripollés, coordinadora de estos dispositivos.

Y lo cierto es que ya han salvado vidas. El agresor de Bibibiana, portadora de telealarma en Valencia, trepó por la fachada de su casa para acceder a la casa donde ella dormía. Le despertó un ruido en el balcón. Casi instintivamente, dirigió su mano al dispositivo y apretó el botón al tiempo que corría a la cocina para esconderse. Desde allí contactó con el teleoperador y en pocos minutos la casa se llenó de policías. El hombre fue detenido cuando estaba a punto de entrar.

Alarmas como estas han sonado 174 veces desde que Justicia empezó a distribuir los aparatos. «La mayoría son de amenaza y se activan antes de una agresión física, con lo que se evitan incidentes graves», describe Ripollés.

Las mujeres que utilizan telealarma en tierras valencianas tienen entre 31 y 40 años, han recibido maltrato físico y psíquico por parte de sus ex parejas y siguen estando en situación de riesgo. La mayoría están divorciadas y ya no conviven con los maltratadores, aunque ellos siguen tratando de aproximarse en busca de un nuevo perdón o una venganza por haberlos denunciado. Muchas tienen alguna orden de protección en vigor.

Es el caso de Rosa, que vive en una población de la provincia de Valencia. Maltratada y madre de cuatro hijos. Su ex pareja tiene una orden de alejamiento en vigor hasta 2016, que quebrantó hace tres meses. «O quitas la denuncia o te mato. Si yo voy a Picassent, mi familia se encargará de ti», le dijo.

Desde ese momento, no se lo pensó. Solicitó el dispositivo de teleasistencia y se lo concedieron. «De momento no he tenido que usarlo, pero vivo con mucho miedo y no me separo de él», confiesa.

Rosa comenzó a salir con su agresor a los 21 años. A la primera semana de convivir bajo el mismo techo comenzaron los insultos y bofetadas de un hombre «adicto al alcohol y las drogas». Llegaron los hijos y pasaron 19 años de infierno. «No denunciaba por miedo a que les hiciera algo malo». Uno de los pequeños, cita como ejemplo, «recibió una paliza a golpes de garrota porque se le cayó un tenedor al suelo».

Un cuchillo en el cuello

Antes de poner su caso en manos de la justicia hubo muchas gotas que colmaron el vaso. Y algunas de sangre. El agresor se apoderó de 3.000 euros que madre e hija ahorraban, le destrozó un ordenador portátil a golpes en la cabeza, le puso un cuchillo en el cuello y hasta intentó estrangularla. Mientras charlamos, uno de sus hijos de 3 años me pide que le dibuje «un león comiéndose a una persona».

Actualmente, la víctima atraviesa una difícil situación económica. El alquiler de su casa ha subido a 500 euros y cobra un subsidio de algo más de 400. Ha trabajado como traductora de inglés, administrativa o comercial y está en paro. «No sé cómo voy a salir adelante. Ójala alguien me pudiera dar trabajo, de lo que sea», suplica.

Muchas de las mujeres con teleasistencia han sido auxiliadas en las Oficinas de Ayuda a Víctimas del Delito (OAVD), dependientes de la Conselleria de Justicia. En 2010 prestaron apoyo a casi 16.000 personas por violencia doméstica, un 20% más que en el año anterior.

Una de ellas es Sandra. Tuvo la desgracia de enamorarse y tener hijos con un traficante de drogas canario que se convirtió en su maltratador. «Llegó a usar al pequeño de 4 años en traslados de hachís. Lo llevaba en una furgoneta para que no sospecharan de él y si le paraba la Guardia Civil decía que lo llevaba al médico», recuerda.

A los golpes de su ex se unen los de la vida. Perdió un pecho en una operación tras un cáncer y sufre una minúsvalía de un 65% por una hernia discal. «Fui al cirujano plástico para intentar arreglarme el pecho, pero él no me dejaba por si me veía desnuda», describe apenada.

Siete años de maltrato

El 2 de junio del año pasado optó por denunciarle «tras siete años de maltrato y humillaciones de todo tipo». Según destaca, «los golpes hieren, pero las palabras duelen mucho». Tres días después, llevaba un móvil de teleasistencia y al poco tiempo ingresó en una casa de acogida. «Pero él me buscaba para amenazarme por haberle denunciado. Santa Cruz es pequeño y pasaba un miedo tremendo», recuerda. En una ocasión la encontró en la calle y le hizo «gestos amenazantes con la mano». Instintivamente, su dedo se dirigió al botón y fue auxiliada.

Al igual que Rosa, a Sandra le acompañan los problemas económicos. Paga de alquiler lo mismo que cobra por la minusvalía. El resto de gastos, tantos suyos como de su hijo pequeño, debe afrontarlos con ayudas de Caritas y una asociación de colombianos.

Rosa y Sandra. Dos mujeres en plena lucha por salir adelante. Dos procedencias distintas, pero una historia parecida y amarga. Y en ambos casos, muchos años de por medio entre la primera bofetada o insulto y la decisión de denunciar.

Según el Ministerio de Igualdad, la Comunitat Valenciana aparece en su último informe como una de las regiones donde menos denuncia la propia víctima. Es la autonomía donde más casos se conocen por las intervenciones policiales, a través de servicios sociales o gracias a los partes de lesiones sospechosos detectados en hospitales.

«El nivel de arrepentimiento entre las víctimas tras denunciar es elevadísimo». Así lo constata Susana Gisbert, coordinadora de violencia doméstica de la Fiscalía de Valencia. «Además del enganche psicológico con el agresor hay condicionamientos sociales, económicos y legales. Muchas mujeres extranjeras no denuncian por miedo a que salga a la luz su situación de estancia irregular», advierte.

Para Gisbert es «imprescindible» que las víctimas «conozcan las posibilidades de ayuda para que se decidan a denunciar situaciones que silencian por miedo a represalias». En las OVAD de Valencia han constatado que casi seis de cada diez mujeres maltratadas sufre una situación económica precaria. Más de un 30% de las víctimas atendidas son inmigrantes.

A diferencia de los móviles de teleasistencia, las pulseras para maltratadores no han proliferado. En la Comunitat Va existen actualmente sólo 30 de estos aparatos, que controlan la distancia entre víctima y agresor. Activan una alarma si se incumple la orden de alejamiento y se pusieron en marcha a principios de 2009. Ese año acabó con 13 parejas de dispositivos.

En opinión de la fiscal valenciana, «la pulsera telemática debe ser una medida excepcional. Hay otras eficaces que van desde el alejamiento a la prisión. Hay que tener cuidado para que no se convierta en un instrumento que beneficie más al imputado que a la víctima en supuestos en el que haya acordado prisión para él».

Por contra, la experta estima que los móviles de teleasistencia para víctimas «suponen una medida esencial que se debería adoptar con carácter general». Considera que es «similar a un móvil con conexión directa con la policía y están funcionando muy bien».

Javier Clemente, abogado de JC Asociados especializado en violencia doméstica, cree que aún faltan «más medios de protección». «Pese a los sistemas de teleasistencia», asegura, «hay puntos donde las fuerzas de seguridad no actúan lo suficientemente rápido». Rosa está convencida de que si su agresor quiere sorprenderla, «lo logrará, aunque lleve el aparato».