La Policía Nacional de Cartagena ha detenido a ocho personas y ha desmantelado una empresa de San Pedro del Pinatar que facilitaba contratos y nóminas falsas a ciudadanos extranjeros. El objetivo de este presunto fraude era que tuvieran derecho a la percepción de prestaciones sociales públicas y a la renovación de permisos de residencia.

Entre los detenidos se encuentra el responsable de la supuesta empresa, un ciudadano de origen marroquí, que ha ingresado en prisión por orden judicial, según informó ayer un portavoz de la Comisaría de Cartagena. Para poder optimizar las investigaciones que se estaban llevando a cabo por parte de los agentes, la Policía considera «fundamental» la colaboración de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, logrando determinar el alcance de la ilícita actividad de esta empresa.

La empresa desmantelada respondía a la denominación de Tauromania y había dado de alta a 360 trabajadores de forma ficticia, de los que 49 presuntamente usaron los papeles falsos que les proporcionaron para completar el tiempo de cotización y acceder al desempleo. Además casi un centenar de trabajadores utilizaron los contratos fraudulentos para regularizar su situación en España.

Como dato destacable de la investigación, la Policía ha remarcado que tuvo conocimiento del arrendamiento que hizo el empresario de una pequeña finca de unos 2.250 metros cuadrados, en la que tenía camuflado la ficticia actividad de 262 trabajadores del sector agrícola.

La Policía ha dado cuenta de estos hechos a la Oficina de Extranjería, que depende de la Delegación del Gobierno en Murcia, a fin de estudiar los efectos que tuviera sobre los permisos de residencia obtenidos o renovados ilícitamente.

La compañía no realizó declaraciones de IVA desde que se constituyó en el año 2005, ha generado 123.000 euros en deuda por cotización empresarial y ha defraudado al Estado 213.000 euros.

Según ha puesto de manifiesto la investigación, los trabajadores de esta empresa abonaban al falso empresario una cantidad que oscilaba desde los 300 euros hasta los 1500 euros, según el tipo de tramite que requirieran. Dado el alcance del fraude la Policía Nacional cree probable que se produzcan numerosas detenciones más, hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos.