El Ministerio del Interior lleva un año de retraso para elaborar el reglamento que regula el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Esta demora ha sido denunciada tanto por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, que en marzo pasado instó a España a redactar esta normativa, como por cerca de 350 colectivos sociales que ayer presentaron un incendiario manifiesto para criticar el «oscurantismo» de Alfredo Pérez Rubalcaba en esta cuestión.

La Ley de Extranjería, de diciembre de 2009, establece la creación del reglamento en un plazo de seis meses a partir de su aprobación. Pero ha pasado ya año y medio y las asociaciones de inmigrantes y de los que trabajan con ellos sólo saben lo que Interior les trasmitió el martes, en una reunión a la que fueron convocados con premura: «Nos dijeron que no iba a haber un proceso de consulta previa con las organizaciones especializadas, sino que, cuando Interior publicara el reglamento en su web, se abriría un plazo de 15 días de consulta pública», cuenta un asistente al encuentro. Este plazo es el que marca la ley, pero la Administración suele hacer, además, una ronda previa entre los interesados. «Quince días, sin consulta previa, no son suficientes para hacer alegaciones», denuncia otro asistente a la reunión. Las ONG fueron convocadas entre el viernes de la semana pasada y el lunes, precisamente cuando ultimaban los detalles para la presentación de su manifiesto. A la cita acudieron altos cargos de los ministerios de Trabajo e Interior. «Les pedimos que no se sirvieran del encuentro para alardear luego de que había habido consenso social con el reglamento y desde Interior nos dijeron que no lo iban a usar en ese sentido, porque había sido una reunión puramente informativa».

El manifiesto denuncia la «ausencia de diálogo» del Gobierno, que «margina a la sociedad civil», lo que «sólo puede presagiar la imposición de una norma restrictiva y limitadora de derechos». Lo firma buena parte de los colectivos sociales, como Cear, SOS Racismo, Médicos del Mundo, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ferrocarril Clandestino, Parroquia San Carlos Borromeo, Ecologistas en Acción, IU, Economistas sin Fronteras o Jueces para Democracia. No está la Cruz Roja, que el pasado miércoles firmó con Interior un convenio de colaboración para prestar asistencia en los CIE de Madrid, Valencia y Algeciras.