Los extranjeros afincados en Euskadi – 144.551 empadronados, de los cuales 51.000 están afiliados a la Seguridad Social – generan unos ingresos netos de 1.240 millones de euros cada año. Así lo indicó ayer la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta en el Parlamento vasco, en respuesta a una interpelación de Ezker Batua, que expresó su alarma por el incremento de las manifestaciones xenófobas y destacó la contribución económica de los extranjeros a las sociedades de acogida.

Zabaleta, que volvió a defender un pacto social sobre la inmigración, agregó que el 86,7% del dinero que ganan los trabajadores foráneos en el País Vasco lo dedican al consumo de sus familias en la propia comunidad, mientras que el 13,3% restante lo ahorran o lo envían a sus países de origen. Igualmente indicó que cuatro de cada diez extranjeros lleva entre ocho y quince años establecido en Euskadi, lo que significa que su proyecto es a largo plazo. Entre los que trabajan, el 82% son asalariados y el resto autónomos, en algunos casos empleadores.

La consejera tomó estos datos del avance de una macroencuesta que está preparando el Gobierno vasco, en el que se indica que la tasa de actividad de los extranjeros – la proporción de los que tienen un empleo sobre el conjunto de los que están en edad laboral – asciende al 75%, es decir, supera en veinte puntos la registrada por la población autóctona.

Gemma Zabaleta se apoyó en esa brecha entre ambos porcentajes para desterrar el tópico de que los extranjeros sólo buscan beneficiarse de las prestaciones sociales. Con datos en la mano expuso algo obvio: entre las personas en edad de trabajar que abandonaron su país de origen para establecerse en Euskadi, la mayoría tiene un ocupación, legal o en la economía sumergida. Estadísticamente forma un colectivo más activo que el autóctono, porque en este último hay muchos más estudiantes, prejubilados…

Por su parte, el parlamentario de EB, Mikel Arana, denunció que se esté dando «pábulo a la leyenda urbana de que la inmigración se aprovecha del sistema». Insistió en que numerosos estudios económicos demuestran que su aportación, vía cotizaciones a la Seguridad Social o a través de impuestos, «supera con creces» el coste de las ayudas y servicios a los que acceden.