pamplona. La socióloga Karmele Irisarri, responsables de la Oficina de Inmigración de Burlada, con un 12,2% de población extranjera, apuntó la mayor dificultad que existe ahora de encontrar un contrato de trabajo para renovar los papeles de residencia o obtenerlos por primera vez lo que, a su vez, implica “una pérdida de derechos”. Asimismo, valoró la importancia de trabajar “en red entre los diferentes profesionales”. Discriminación que también constata Olga Beortegi, de la cooperativa Kamira, que gestiona el servicio de intervención familiar del Ayuntamiento de Pamplona en el área de Mujer, que atiende en un 85% de los casos a mujeres inmigrantes, la mayoría bolivianas, colombianas y marroquíes, y con un peso importante del tema de la violencia de género. Las dificultades de acceder a un contrato están impidiendo a muchas de estas mujeres renovar sus papeles o obtener el primer permiso de residencia. Para Marcelo Argañaraz, de la Coordinadora de Inmigrantes de Navarra, el racismo institucional es una realidad “cada vez más sibilina, y un ejemplo es el último reglamento de Extranjería”. Observó también que la discriminación es muy diferente y mayor entre los irregulares sobre los que existe un mayor control, por ejemplo, a la hora de perseguir el fraude en el cobro de la renta básica o en el subisidio por desempleo, al exigirse el pasaporte para vigilar sus movimientos, algo que no ocurre con el resto. La responsable de Empleo de Traperos de Emaús, Ana Rivas, destacópor su parte que el 34% de las 200 personas que trabajan en la Fundación son inmigrantes. “Encontramos que no tienen papeles o no pueden renovarlos al no tener trabajo – porque no hay contratos de seis meses – , lo cual ya es una discriminación porque muchos llevan años trabajando; y lo que es más importante es una clara injusticia”, señaló.