El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha anunciado que la Generalitat se querellará contra Plataforma per Catalunya, por la propaganda electoral que este partido utilizó durante la campaña del 22-M. Los servicios jurídicos argumentarán que el partido que lidera Josep Anglada difundió información falsa sobre las ayudas que perciben los inmigrantes extracomunitarios.

Entre los materiales que el Govern entiende que son delictivos destaca un vídeo de propaganda electoral de esta fuerza xenófoba en el que se aseguraba que los inmigrantes recibían cheques de la Generalitat, en detrimento de la población autóctona.
Ley ómnibus

Homs también ha anunciado que el Ejecutivo ha acordado ampliar hasta el 20 de junio el plazo de exposición pública de la controvertida ley ómnibus y se ha mostrado dispuesto a flexibilizar su tramitación aunque insiste en justificar su contenido. El anteproyecto redactado por el Ejecutivo de Artur Mas pretende modificar de una sola vez otras 80 leyes.

A pesar de las dudas jurídicas que despierta el texto, Homs ha subrayado que se realizarán los debates necesarios y ha argumentado que si el Govern y la oposición no son capaces de aprobarlo este año solo estarán contribuyendo a fomentar la desafección política.
El empadronamiento y la cobertura sanitaria

El Govern ve legal modificar la ley de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servei Català de la Salut de manera que se necesite un mínimo de seis meses de empadronamiento para tener derecho a esta atención de forma regular, una iniciativa que busca evitar el turismo sanitario. El anteproyecto de ley de simplificación y reestructuración de la administración catalanarecoge, en su artículo 329, una modificación de la norma que regula el acceso a la asistencia sanitaria e introduce el requisito de los seis meses mínimos de empadronamiento.

Este punto, del que grupos de la oposición y organizaciones sociales dudan que esté ajustado a derecho, es legal “tal como está planteado”, ha aseverado Homs. La actual norma sanitaria, aprobada en el 2010, señala como titulares del derecho a esta asistencia sanitaria pública “las personas empadronadas en cualquier municipio de Catalunya, y las que estén temporalmente, que tengan derecho a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con la normativa básica del Estado”.

La Generalitat propone ahora sustituir este redactado por otro que apunta que serán titulares de este derecho “las personas empadronadas en cualquier municipio de Catalunya con una antigüedad mínima de 6 meses, que acrediten que no tienen acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo de otra entidad diferente del Servicio Catalán de la Salud”. El objetivo de esta reforma, según fuentes del ejecutivo catalán, es evitar el turismo sanitario, que “cuesta mucho dinero”, han señalado dichas fuentes.