La lucha contra la despoblación es desde hace tiempo uno de los principales caballos de batalla de Castilla y León. La llegada de inmigrantes a la Comunidad Autónoma atraídos por la bonanza económica entre los años 2000 y 2007 supuso un revulsivo para nuestro maltrecho índice de población que la Junta supo mimar. Así se desprende del informe «Inmigración y Estado de Bienestar en España», un nuevo trabajo de la colección de estudios de La Caixa que firman los expertos Francisco Javier Moreno y María Bruquetas.

Si en el año 2000 la Comunidad Autónoma destinaba poco más de cinco millones de euros a la población inmigrante en educación de una partida que superaba los mil millones, siete años después el gasto que la Consejería del ramo reservó a este colectivo se multiplicó por 16 hasta alcanzar los 85,58 millones. Algo parecido ocurrió con el gasto sanitario, que también se multiplicó por nueve entre los ejercicios 2000 y 2007.
Estado del Bienestar

Tanto la educación como la sanidad han constituido siempre dos pilares básicos del Estado del Bienestar Español. Recuerda el informe de La Caixa que con su descentralización en favor de las administraciones autonómicas y locales —en el caso de Castilla y León, en 2002— obligó a éstas a tomar decisiones que implicaban hacer partícipe al colectivo inmigrante, por entonces cada vez más numeroso, de sus políticas sociales.

Las elevadas tasas de escolarización que hoy tiene España indican que así ha ocurrido pese a algunas dificultades, y en la actualidad los alumnos inmigrantes están plenamente integrados en el sistema educativo. En el caso de Castilla y León el documento constata que entre los ejercicios 2000 y 2007, hasta donde llega la serie histórica, la proporción del presupuesto para educación destinada a la población inmigrante se ha ido elevando año tras año mucho más que la propia tasa del colectivo en edad escolar y universitaria (entendiéndose como tal desde 5 a 29 años). Así, si el número de inmigrantes creció en 2001 respecto al año anterior un 51,7 por ciento al pasar de 7.332 a 11.123, el gasto dedicado a educación de este colectivo se elevó casi el doble, un 90 por ciento. Ocurrió también en 2002, con un incremento del 67,7 y del 85,48 respectivamente, y así sucesivamente hasta 2007, donde a pesar de que la población extranjera en edad de estudiar sólo aumentó un 12,27 por ciento, el gasto de la Consejería que en esta última legislatura ha dirigido Juan José Mateos se elevó en más de 20 millones de euros (un 40.5 por ciento) respecto a 2006.

Ese esfuerzo presupuestario se hizo patente también en el gasto sanitario, que al igual que el educativo se ha elevado siempre por encima de las tasas de población inmigrante. Fue en 2003, recién recibida la competencia, cuando la Consejería de Sanidad incrementó especialmente el porcentaje de gasto sanitario destinado a los inmigrantes , hasta un 86,6 por ciento, cuando este colectivo creció respecto al año anterior en torno a un 40 por ciento hasta situarse en los 59.440, según el padrón. Sólo en el último año de estudio, el 2007, el crecimiento del gasto (un 14,6 por ciento) fue similar al de la población (cerca del 13 por ciento).

Además, hay que destacar que pese a no ser Castilla y León una población que haya crecido especialmente gracias a la llegada de extranjeros (en 2007 representaban un 4 por ciento de la población cuando en Baleares suponían el 21,8; en Valencia, el 17,3 y en Madrid, el 16,6), la Comunidad ocupa el décimo lugar en crecimiento del porcentaje de gasto sanitario en el periodo estudiado.

El informe hace referencia también a la última red de protección social, que en el año 2009 se denominaba Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y que ahora ha sido sustituida en la región por la Renta Garantizada de Ciudadanía. Mientras en algunas comunidades menos del 10 por ciento de los beneficiarios del IMI eran inmigrantes en 2008 (particularmente en Ceuta, Murcia, Asturias y Galicia), en otras como Castilla y León superaban el 12 por ciento.