El Ayuntamiento de Madrid ha impuesto en los últimos meses decenas de multas millonarias a establecimientos de alimentación de chinos por vender alcohol sin tener autorización. En alguno de los casos la sanción a un solo establecimiento ha sido de 240.000 euros, cerca de 40 millones de las antiguas pesetas, al acumular hasta ocho denuncias de otras tantas visitas al establecimiento comercial.

La situación proviene del año 2002 cuando se aprobó la llamada Ley Antibotellón, que exigía una segunda licencia municipal para vender alcohol en las tiendas de alimentación. El Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo la oportunidad de cambiar esta situación hace pocos meses y no lo hizo. Sí dio este permiso a las tiendas de conveniencia para vender alcohol y condenó a los chinos a pedir esta segunda licencia, que se ha convertido en una misión imposible para estos comerciantes.

Las tiendas de alimentación que regentan los ciudadanos chinos no pueden vender una lata de cerveza en todo el día. Tampoco pueden tener vino ni ninguna bebida alcohólica como ginebra, anís…

Los cientos de establecimientos chinos que se han instalado en Madrid han ido pidiendo a las juntas municipales permiso para vender alcohol, pero el Ayuntamiento o no la concede o la niega sin dar una razón objetiva, según dijeron los representantes de las tiendas chinas. La situación es desesparada en muchos casos.

Desde el mes de enero los establecimientos chinos han recibido una cascada de denuncias que van desde los 30.000 a los 400.000 euros, cantidades que quedan fuera del alcance de estos modestos negocios que ganan como mucho de 800 a 1.000 euros.

Los comerciantes comenzaron, con ayuda de sus propias asociaciones, a intentar legalizar la situación de cientos de de establecimientos y solicitaron la segunda licencia tal y como exigía el Ayuntamiento. Pero han venido siendo denegadas por las juntas de distrito, según explicaron fuentes de la Asociación de Alimentación de Chinos.

La Policía Municipal ha llegado a multar a un establecimiento justo después de que hubieran ganado un juicio por defecto de forma, lo que provoca que el comerciante tenga que entrar de nuevo en una espiral de recursos y reclamaciones.

Los empresarios chinos afirman que sin la venta de bebidas alcohólicas no pueden mantener sus tiendas abiertas, pues la facturación ha bajado desde el mes de enero entre un 40% y un 60%.

Los comerciantes señalan que sus establecimientos quieren cumplir con las normas, pero no les dejan. Afirman que se adaptan a los horarios de los ciudadanos madrileños que pueden comprar en sus tiendas al salir del trabajo «y también servimos para dinamizar los barrios», afirma Pedro Chang, presidente de la Asociación de Alimentación.

«Pero no podemos más», afirman. Señalan que sus tiendas no venden alcohol y cerveza a los jóvenes para hacer botellón porque encuentran mejores precios en las grandes superficies. Y sí lo hacen a los vecinos del barrio que no quieren hacer el desplazamiento a los centros comerciales y a quienes les sirven los productos en estas tiendas de proximidad.

Fuentes de la asociación de chinos indicaron a este periódico que estos establecimientos tiene entre 300 y 400 visitas al día y si cerraran las 3.000 tiendas dejarían desabastecidos a cerca de un millón de ciudadanos que acuden de manera asidua.

Estas tiendas, según la Asociación de Alimentación Chinos, pagan una media de 6.000 euros al año en concepto de tasas, licencias, e impuestos, lo que supone unos 18 millones de euros al año para las arcas públicas madrileñas, según sus estimaciones.

Se calcula que en estos establecimientos trabajan unos 9.000 personas, fundamentalmente chinos, que cotizan a la Seguridad Social. La inversión que hacen estos comerciantes es de 40.000 euros por tienda. Cada día abren en la Comunidad de Madrid de 5 a 6 establecimientos de chinos, que ya no sólo se dedican a alimentación, sino que cada vez abren más tiendas de complementos, ropa, bares, todo a cien y peluquerías que dan servicio a millones de madrileños.

Pero la situación está llegando, según afirman, a unos límites que no se habían conocido nunca. Creen que son perseguidos y que el Gobierno municipal del PP se ha propuesto echar a los tenderos chinos, especialmente de la zona centro de la ciudad.

Hay también «una cierta persecución en otras localidades de la Comunidad de Madrid, pero es especialmente en la capital de España donde apenas podemos ejercer nuestro derecho al trabajo», afirman.

Fuentes municipales indicaron que el Ayuntamiento no hace distinciones entre tiendas de chinos y nacionales y añadieron que carecen de estadísticas del número de sanciones que han puesto.