Enfundados en sus chalecos naranjas y armados con un hola-qué-tal-señor-agente, los vigilantes de los vigilantes levantan acta de la persecución de los sin papeles, ya suman más de un centenar y ahora se organizan para extender su credo por Bilbao, Barcelona y Valencia.

Interior dice que no existe la caza del clandestino, pero, en un año, las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (BVODH) ya han documentado 250 redadas «raciales» en Madrid.

Pasean en grupos de cinco o seis, dan con un policía que está identificando a una persona indocumentada y toman nota de la «ilegalidad».

Ayer se quejaron del «acoso gubernamental» al que están siendo sometidos: 13 brigadistas multados en seis meses a razón de 500 euros por cabeza por meter las narices donde Interior considera que nadie les llama. El grupo, que cuenta con el respaldo de 70 asociaciones, ha solicitado a la Fiscalía que intervenga para que cese el hostigamiento.

Según el brigadista José Luis de la Flor, la Policía les pide la filiación «sin mediar criterio alguno», sacando «boletines de denuncia redactados de antemano». A los sancionados se les ha aplicado el artículo 23.h de la Ley de Seguridad Ciudadana, que considera infracción grave «la provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar» el orden. Las BVODH han recurrido ya al Defensor del Pueblo y recuerdan: «Estas redadas vulneran los derechos y se hacen en base a una innegable selección racial».