LA obsesión identitaria de algunos dirigentes políticos catalanes lleva camino de situarlos en un lugar destacado en los futuros estudios sobre multiculturalismo. Ahora resulta que la Generalitat quiere que los imanes hablen catalán, mientras que nada se dice de la lengua castellana que se pretende arrinconar en una comunidad socialmente bilingüe. Hay muchas vías para alcanzar la integración de los inmigrantes y, si es preciso, para controlar determinados mensajes que puedan afectar a la seguridad pública. Sin embargo, el peor camino es la imposición lingüística, coartando así esa libertad individual que se reconoce como la seña de identidad en una democracia pluralista.