Los ‘occidentales’ tenemos una gran propensión a analizar al ‘otro’ y muy poca disciplina en lo que concierne al análisis de nuestras propias prácticas. Las crisis que se están sucediendo en los países del Norte de África y Oriente Medio nos brindan una nueva oportunidad de cuestionar el modelo de democracia que tanto empeño hemos puesto en transferir a otros Estados ‘periféricos’, desde nuestro eurocentrismo endémico.

Vivimos en un periodo convulso de cambios que socavan los principios – cuanto menos teóricos – del modelo europeo de democracia. En el epicentro de este retroceso se encuentran la política económica, centrada en el recorte del Estado de bienestar, y la política de extranjería de la Unión Europea, volcada en la militarización de las fronteras y la segregación social entre la población documentada e indocumentada. Ambas guardan una relación directa con nuestras responsabilidades sobre lo que está ocurriendo en los países vecinos.

Desde 2005, en que España comienza su colaboración con Frontex, la Agencia Europea para la gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembro de la Unión, se han activado un rosario de instrumentos de privatización, deslocalización y militarización de las fronteras de Europa y el Estado, que ponen en riesgo la vida de miles de personas e impiden su tránsito sin tener en cuenta si su proceso migratorio ha sido libre o forzado.

Entre ellas, se cuentan las interceptaciones de los cayucos en aguas territoriales de terceros países; los acuerdos de readmisión de nacionales y de personas en tránsito; los centros de detención como el ‘Guantanamito’ de Mauritania; las obligaciones a los transportistas, destinadas al control pasajeros procedentes de fuera del espacio Schengen, etcétera. Medidas que se sustentan gracias a inversiones millonarias en tecnología militar y a la buena relación con los países que controlan el acceso a nuestras fronteras, los eficientes gendarmes de Marruecos, Libia y Mauritania, entre otros.

Desde enero de 2011, los levantamientos populares exigiendo libertades producidos en el Norte de África han sido represaliados mediante ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, que podrían constituir crímenes contra la humanidad. Muchos seres humanos se han visto obligados a huir.

Túnez ha acogido desde el comienzo de la crisis de Libia a más de 200.000 personas. Muchas han sido repatriadas, pero miles de ellas están atrapadas en los campamentos de la frontera, no pudiendo regresar a sus países en guerra, como Costa de Marfil, Eritrea y Somalia. Según [la red de asociaciones] Migreurop, más de 1.000 personas han muerto ahogadas desde enero tratando de llegar a las costas del Sur de Europa.

Ante este panorama, los mandatarios europeos vuelven a velar por los intereses nacionales desentendiéndose de las personas refugiadas en la isla de Lampedusa; incumpliendo el derecho internacional humanitario; con propuestas vergonzantes para incrementar las opciones de violar el compromiso de libre circulación del espacio Schengen; reforzando los dispositivos de Frontex, y agudizando el circuito de represión de la ‘Europa fortaleza’. Hemos sido parte interesada en el mantenimiento de las dictaduras y estamos impidiendo acceder a un país seguro a quienes huyen de ellas.

Contamos, tanto en la Unión Europea como en España, con las herramientas legales y la experiencia suficiente para activar mecanismos que permitan acoger y proteger a un número importante de personas refugiadas por los conflictos en el Norte de África y Oriente Medio. Destacamos, en este sentido, tres actuaciones claves en las que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado nos comprometeríamos a prestar nuestro apoyo, al igual que lo harían, sin lugar a dudas, otras organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas.

En primer lugar, la puesta en marcha de un programa de protección temporal que permita trasladar a España a personas que han abandonado su país o región de origen, o que hayan sido evacuadas a causa de los conflictos o estén en peligro grave de verse expuestas a una violación sistemática de los derechos humanos, en virtud del reglamento de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.

En segundo lugar, la activación de un cupo de reasentamiento, en cumplimiento del compromiso adquirido con motivo de la nueva Ley de Asilo, en que se recogen los cauces legales para reasentar en España a personas que se encuentran desplazadas en terceros países sin garantías suficientes de protección.

En tercer lugar, y en coherencia con el principio de No Devolución, la suspensión del retorno forzado a nacionales de Libia, Siria u otros países en conflicto, contemplando las necesidades de protección internacional sobrevenidas.

Estas son las propuestas que la Unión Europea, con España y los países mediterráneos a la cabeza, deberían estar debatiendo en Bruselas para proteger a quienes han liderado las transiciones democráticas más allá de Schengen. Nos toca a nosotros aprender un poco de la dignidad de los ‘otros’.