La red internacional de iraníes desmantelada por la Guardia Civil en Altea, Valencia y Barcelona habría logrado introducir en el país de forma irregular a unos 1.500 inmigrantes, sobre todo de Irán y Afganistán, durante varios años, según informaron ayer fuentes del Instituto Armado.

Los investigadores de la Unidad Central Especial (UCE) calculan que cada persona debía abonar a la red unos 30.000 euros, por lo que el beneficio económico de los detenidos podría alcanzar varios millones de euros. En esta cantidad estaban incluidos los billetes de avión, la documentación falsa, la comida y el alojamiento.

De hecho, según fuentes del Instituto Armado, la banda incluso aleccionaba a los inmigrantes para que se vistieran al «modo europeo», según la Guardia Civil, para no despertar sospechas.

En Altea, los agentes detuvieron a siete miembros de la banda, seis iraníes y un rumano, y a otras ocho personas en situación irregular que estaban alojados en un ‘piso patera’ que fue registrado por la Guardia Civil y en el que hallaron a dos menores de edad. Además, en otras provincias fueron arrestados otros dos sospechosos, uno de ellos de origen palestino.

En los registros domiciliarios, la Guardia Civil requisó varios pasaportes de distintos países de la Unión Europea, un dispositivo para la manipulación y alteración de documentos de viaje, siete equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento electrónico de datos, una gran cantidad de teléfonos móviles y un arma corta simulada.

La organización ahora desmantelada empezó operando en Rumanía, y posteriormente trasladó su actividad a Bélgica, donde sus responsables huyeron del país antes de ser apresados y se les juzgó en rebeldía, explicaron desde la Guardia Civil.

Los iraníes trasladaron entonces su base de operaciones a España, donde se asentaron en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Actuaban como una red internacional capaz de ‘colocar’ de forma clandestina a sus ‘viajeros’ en el país de destino en menos de 24 horas. De hecho, operaban como una mafia transnacional en varios países de Europa (Bélgica, Rumanía, Grecia, Austria, Bulgaria e Irlanda), Asia (Irán, Afganistán y Turquía) y América del Norte (Canadá), según detalló ayer la Guardia Civil.

Las múltiples ramificaciones internacionales de la trama hicieron necesaria la activación de los mecanismos de cooperación policial y judicial en diversos países europeos. De hecho, ayer, un día después del operativo desplegado en Altea, las autoridades austríacas detuvieron a otros presuntos miembros de la trama que actuaban en ese país.

En España, la operación ha estado dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y en el despliegue policial participaron hasta 120 agentes de la Guardia Civil.

A los arrestados que supuestamente formaban parte de la red organizada se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, falsificación documental y también usurpación del estado civil.