Hoy domingo, día 22, elecciones locales y autonómicas, nuevamente se deja fuera para ejercer ese derecho, participar en las mismas, a todo el colectivo magrebí, subsahariano y algunos ciudadanos de países latinos, cerca de 30.000 personas en Navarra. Además, los extranjeros extracomunitarios discriminados electoralmente de modo directo e indirecto. Sólo están acreditados para hacerlo los nacionales de los diez países con acuerdos de reciprocidad a los que se les exige tener cinco años de residencia legal y se les impone un plazo de inscripción.

La idea de la democracia construida en un marco nacional ha vinculado los derechos políticos a la nacionalidad. Antes que nada hay que ser nacional. Sólo así llegarán a ser reconocidos los derechos políticos, entre ellos, el de tomar parte en las consultas electorales. Parece ignorarse que está democracia arruina su propio concepto, el de la libertad buscada y compartida. La pertenencia nacional, en un mundo cada vez más globalizado, se hace cada vez más relativa, al mismo tiempo que se demanda la inclusión de los derechos humanos, más allá de que efectivamente persisten las exclusiones.

El derecho a la ciudadanía entendiendo por tal, para todas las personas que viven y trabajan en una comunidad, ciudad o estado, debería ser suficiente para su ejercicio, con todas las obligaciones y derechos que emanan de las normas y leyes.