UNA de las ideas esenciales del proceso de construcción de la Unión Europea ha sido y es la de convertir al conjunto de territorios del Viejo Continente en un espacio único, en la casa común en la que vivir y trabajar. La idea de ciudadanía común ha adquirido un sentido físico, se ha hecho visible, desde el momento en el que los Estados deciden suprimir sus fronteras en un juego de confianza mutua que beneficia al conjunto de habitantes de esta Europa unida. A partir de 1985, las naciones de la Unión, en un gesto arriesgado pero vital en el proceso europeísta, suprimieron la expresión visible de las soberanías nacionales. La Unión se convierte así en un ámbito de libertad tanto de circulación como de establecimiento para el conjunto de personas físicas y jurídicas que la habitan, con independencia de su lugar de nacimiento o residencia. Es, igualmente, un espacio de seguridad en la medida en que un lugar de tal magnitud requiere un orden y un control que evite el caos y la proliferación de la delincuencia organizada de suerte que se garantice al conjunto de la ciudadanía el pleno disfrute en libertad de sus derechos políticos y sociales. La armonización de las legislaciones nacionales en diferentes sectores, así como la adopción de una carta de derechos fundamentales, conforma, en fin, una suerte de espacio común de justicia que refuerza jurídicamente la Europa sin fronteras interiores. La lógica integradora del sistema de libertad y seguridad se basa en el respeto estricto de todos los Estados a unas reglas comunes de juego, a la confianza recíproca en los sistemas policiales y judiciales nacionales y a la solidaridad jurídica y económica entre Estados para afrontar de manera común las crisis que pueden provenir de la delincuencia internacional o de procesos descontrolados de desplazamientos de población entre o hacia países miembros de la Unión.

Esta estructura nuclear consustancial al proceso de integración política de Europa se encuentra en riesgo. Lo que parecía un orden europeo aceptado pacíficamente y que suponía un evidente avance hacia una Unión sin fronteras, con una consiguiente reducción del peso de las entidades soberanas estatales, se está desmoronando en la medida en que se constata con estupor la vuelta a concepciones que creíamos superadas en las que domina el unilateralismo y la insolidaridad.

La práctica nos demuestra que el proceso de construcción europea es débil y corre un riesgo cierto de involución. Estamos asistiendo a una violación no solo de normas sino de principios rectores esenciales. Esta afirmación se hace evidente si nos fijamos en dos serias advertencias de los peligros que deben conjurarse y que, de lo contrario, hacen peligrar la visibilidad del proyecto europeo y su credibilidad como organización supranacional integradora de los pueblos de Europa.

El primer factor de crisis que afecta centralmente a la propia idea de ciudadanía común es la política de discriminación selectiva frente a nacionales de países de la Unión en situación económica alarmante y que, en buena parte, proceden de la última ampliación hacia los países pobres del este de Europa. Las políticas de expulsión de ciudadanos de Rumanía o Bulgaria, con el agravante de afectar de manera singular a minorías deprimidas como la gitana, pone de relieve lo frágiles que son los principios, como el de libre circulación y establecimiento de personas que, pese a ser reglas jurídicas y políticas esenciales al funcionamiento de la Unión, se desvanecen en situaciones de crisis económica que provocan movimientos de población en el interior de la Unión. La presencia de bolsas de europeos sin trabajo y sin recursos que incomodan a la población local e implican un necesario gasto añadido para el Estado que los acoge ha provocado una brutal reacción de gobiernos oportunistas y populistas que, en un discurso con tintes xenófobos, olvidan fácilmente el interés común del conjunto de Estados y ciudadanos europeos.

En la misma lógica se inscriben otras acciones de blindaje como la de Dinamarca que, so pretexto de una autoprotección frente a la delincuencia organizada, se reserva el derecho de ejercer un control general en sus fronteras en flagrante violación del Tratado de Schengen. Pero, además de estas iniciativas, es más preocupante si cabe la reacción de las propias instituciones de la Unión. Conviene recordar el amparo que el propio Consejo de la Unión Europea ofreció a Francia en el verano de 2010 con ocasión de la expulsión de gitanos rumanos o la hasta el momento tímida reacción ante la decisión danesa.

El segundo ejemplo de bloqueo e incapacidad de la Unión Europea para hacer frente a los desafíos globales económicos y políticos que le afectan y aturden es su incompetencia para abordar con rigor la inmigración ilegal. La respuesta es un sálvese quien pueda, que está poniendo al sistema en la picota. No hay ningún atisbo de solución común y solidaria, sino que se apuesta por reacciones unilaterales defensivas. Y es que, en el fondo del asunto, se encuentra el hecho de que no existe una auténtica política común de inmigración. La agencia Frontex encargada de la gestión de las fronteras exteriores es una broma frente a crisis humanitarias de la magnitud actual. La Unión no ha abordado seriamente las causas estructurales de la inmigración ilegal sino que, a lo más, ha llevado a cabo políticas de contención en el exterior de carácter coyuntural. La pobreza, las desigualdades, la ausencia de derechos humanos y democracia en los países de origen de los inmigrantes es una gran parte del problema y Europa debe ser la parte esencial de la solución.

En este sentido, observamos con decepción que la política frente al Magreb se ha basado en la garantía de falsa estabilidad de regímenes que controlaban a su población y evitaban oleadas de inmigrantes a cambio de generosas contribuciones comerciales y políticas. La Unión ha tenido que mirar para otro lado ante violaciones flagrantes de principios elementales de humanidad de regímenes “aliados”. La política euromediterránea ha propiciado el mantenimiento en el poder de dictaduras sin el más mínimo reproche desde Europa. Cuando este sistema salta por los aires y no hay control posible, la respuesta común es la de negar la responsabilidad colectiva dejando solo al Estado que soporta directamente la entrada masiva de extracomunitarios, incluso bloqueando las fronteras comunes.

Es muy difícil que los Estados guardianes de las fronteras exteriores asuman que la respuesta de los socios europeos sea blindar su territorio respecto del Estado de acogida. Francia cierra su frontera con Italia y puede que lo haga también con España. Se trata de aplicar aquello de que me quede como estoy aun a costa de llevarse por delante la supresión de controles fronterizos y no aplicar la regla de responsabilidad compartida que prevé el propio Tratado de Lisboa.

La conclusión de todo lo anterior no es muy alentadora, pues al parecer se consolida la tentación de mirar hacia el interior de cada país poniendo la mezquina razón de cada Estado por delante de la razón común de Europa. La mayor dificultad radica en que si cada uno juega su juego, la propia construcción europea se convierte en una dificultad para todos: para los nuevos y pobres y para los viejos y ricos; para los que acogen a comunitarios y extranjeros y para los que se niegan a admitir al distinto si es pobre; para los que creen en la solidaridad y para los que levantan fronteras. Como se ve, en el fondo, es una crisis de valores y de modelo. No hay un liderazgo claro que se oponga seriamente a una mediocridad política asfixiante en la que todo vale por hacerse con el voto de una población agobiada por la crisis económica y atemorizada por mensajes apocalípticos de gobiernos que están convirtiendo a la Unión en el enemigo exterior del que defenderse. Somos los ciudadanos europeos los que debemos asumir nuestro destino evitando que fuerzas políticas reaccionarias movidas por intereses sectarios manipulen a la opinión pública y destruyan lo que tanto esfuerzo ha costado conseguir.