Los inspectores de la Hacienda foral han constatado la existencia de un nuevo «foco» de fraude fiscal en los negocios de importación de productos de bajo coste procedentes de China. Los trabajadores de la Diputación han investigado a determinados empresarios de este sector desde finales del pasado verano, según explicaron a este periódico fuentes del área de Hacienda y Finanzas. Sus pesquisas han permitido destapar una evasión de impuestos cercana a los dos millones de euros y han concluido con una denuncia a un empresario, que ya se está enfrentando a una instrucción judicial que contempla penas de cárcel.
La colonia china 2.704 personas censadas en el territorio el pasado año regenta en la actualidad más de 500 negocios de todo tipo en Vizcaya. En plena crisis, la apertura de nuevos establecimientos ha sido imparable en los últimos años. En muchos casos, su implantación ha despertado recelos entre los comerciantes autóctonos, que «sospechan de sus métodos de trabajo». De hecho, los portavoces consultados en la asociación BilbaoCentro confirmaron la existencia de este «malestar» entre los profesionales. «No son todos, pero está claro que hay algunos que juegan con las cartas marcadas, que no hacen competencia legal. Estas cifras corroboran la sensación del sector», lanzó el gerente de la agrupación, Jorge Aio. Por su parte, el presidente de Bilbao Dendak, Javier López, asegura que en el mapa comercial del territorio «hay sitio para todos», pero cree que la Administración debe conseguir que «todos los que se establezcan cumplan con la ley». «Hay muchos negocios que no acatan las restricciones de horarios durante los fines de semana y que no dan de alta en la Seguridad Social a todos sus trabajadores», mantiene López.
Consultado por este diario, el presidente de la agrupación de comerciantes chinos, Xiahong Zhou, aseguró que estas irregularidades son un «hecho aislado». Puede haber algún caso. Pero la mayoría de los negocios cumplen la ley, como el resto de empresarios de Vizcaya», subrayó el representante.
En el caso de la bolsa de fraude desvelada por la Diputación, los inspectores han constatado que las formas de operar son similares entre los infractores. Los empresarios adquieren los productos chinos a través del Puerto, punto de entrada habitual de importaciones, o «los grandes centros de distribución de Madrid y Valencia». Una vez en el territorio, según explicaron medios de la Diputación, los productos «se almacenan en pabellones» para ser después «distribuidos entre las numerosas tiendas» que se dedican a la venta. «Son generalmente los dueños de estos establecimientos los que acuden a los pabellones para cubrir las necesidades de sus negocios», añadió la institución foral.
30 millones al año
La investigación del fisco se ha centrado en diez empresas que, en conjunto, facturan más de 30 millones de euros al año. Y, en la práctica, gran parte del análisis ha consistido en determinar «el recorrido que hacen las mercancías entre los diversos operadores comerciales». La investigación ha concluido que algunas de estas empresas «no declaran una parte importante de las compras que realizan a sus proveedores».
Del mismo modo, tampoco reconocen «todas las ventas que facturan a las tiendas que se dedican a comercializar estos productos». A nivel legal, el fraude afecta tanto al IVA como al Impuesto de Sociedades y se puede cuantificar en torno a los dos millones de euros. Las fuentes consultadas apuntaron que se ha terminado la inspección de tres empresas, mientras que otras siete sociedades siguen «en fase de comprobación».
Otro de los sectores que ha sido objeto de una especial supervisión en los últimos años es el que se dedica a la compraventa de vehículos de alta gama. El método para defraudar en este negocio consiste en utilizar ‘entidades fantasma’ que emiten facturas falsas. De esta manera, se aparenta que la compra se ha realizado en Vizcaya, con el pago del IVA correspondiente, «cuando en realidad se han adquirido sin pagar los impuestos en el país de procedencia». Desde 2005, la evasión de impuestos realizada con esta práctica puede superar los tres millones de euros. Hacienda anunció ayer que sus actuaciones en este terreno se dirigirán tanto contra los responsables de las empresas implicadas como contra los compradores de los coches, a los que se les exigirá el pago de una cuantía de unos 6.000 euros de media por vehículo.
El volumen de fraude más importante, sin embargo, se ha localizado entre las compañías que explotan máquinas «tragaperras». Según la investigación elaborada por la Hacienda foral, determinados empresarios de este sector han ocultado ingresos por importe cercano a los 30 millones de euros anuales. Traducido en impuestos, la cuantía del fraude se elevaría a más de 25 millones de euros en los últimos cuatro años.