LA entrada en vigor del nuevo Código Penal desde el pasado mes de diciembre permitió ayer en el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona que un joven de origen africano y detenido cuando vendía CD piratas en el barrio de San Jorge evitara una pena de prisión o la expulsión del país.

La reforma legislativa provocó que el top manta (la venta de CD, dvd o productos no autorizados de marca en la calle), que antes estaba castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de 12 a 24 meses, pasara a ser considerado como una falta penal, en los supuestos de distribución al por menor y siempre que el beneficio obtenido sea inferior a 400 euros. En tal caso, el acusado no será condenado ni a una pena de cárcel.

Así ocurrió en el caso que se juzgó ayer en Pamplona, en el que el acusado, según relata el fiscal, “al que no le constan antecedentes penales y que reside ilegalmente en Pamplona, fue sorprendido a las 22.15 horas del 14 de mayo de 2009 por efectivos policiales cuando caminaba por la calle Muelle, del barrio de San Jorge de la capital navarra portando consigo una mochila gris que contenía 155 CD musicales y 86 dvd, todos ellos piratas, destinados a la venta a terceras personas, no hallándose autorizado para su venta por los titulares de los derechos de propiedad intelectual”. La Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi) reclamaba 460 euros por los perjuicios, 172 euros pedía la Sociedad General de Autores (SGAE) y hasta 1.892 euros solicitaba la Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de ámbito nacional (Adivan). La sentencia permite al acusado no hacer frente a estas reclamaciones.

El acusado aceptó el fallo que le condena a seis días de localización permanente después de que el Ministerio Público reconociera que no había quedado acreditado que el beneficio obtenido por el acusado excediera los 400 euros. Se le condena por una falta contra la propiedad intelectual, tendrá que pagar las costas del juicio, pero no la responsabilidad civil, y se acordó asimismo el decomiso y la destrucción del material intervenido.

La juez explicó al acusado que la medida de localización permanente implica que tenga que permanecer esos seis días en el domicilio que acuerde con el Servicio de Gestión de Penas Alternativas y que será controlado varias veces al día por la Policía. “Si no permanece usted en dicho lugar durante esos días, que sepa que será condenado por quebrantamiento de condena y eso implicaría su expulsión”, le explicó la magistrada al imputado.