EL pasado 26 de abril, los presidentes de Francia e Italia, Silvio Berlusconi y Nicolas Sarkozy, proponen modificar el Tratado de Schengen cerrando un conflicto diplomático y transfronterizo que se inicia con la llegada a las costas italianas de personas procedentes en su mayoría de Túnez, héroes de una revuelta popular en su país pero inmigrantes económicos en Europa. Tras la carta enviada por los dos mandatarios, la Comisión Europea, la misma que a finales del 2010 proponía (COM 2010/ 603) facilitar la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares de terceros países, daba a conocer el pasado 4 de mayo un extenso documento (COM 211/248) en el que contempla la presión migratoria como causa para el establecimiento de las fronteras interiores. La pasada semana se sumaba a la polémica Dinamarca y seguramente aún no se ha escrito el último capítulo; está previsto que la Comisión presente nuevas medidas que serán discutidas en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) a celebrar el próximo 9 y 10 de junio.

Sin embargo, lo acontecido alrededor de la propuesta de modificación de Schengen esconde otras cuestiones de mayor calado que queremos resaltar en este artículo. Y lo primero a destacar es que la presión migratoria no justifica este tipo de propuestas. Basta recordar que según datos ofrecidos por Frontex, Grecia triplica en 2010 con 89.000 entradas irregulares la cifra de 25.000 inmigrantes irregulares que Italia califica de “éxodo de dimensiones bíblicas”. Los flujos migratorios realmente importantes se están dando de Libia a Túnez y Egipto; según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 200.000 libios podrían desplazarse a estos dos países si continúa la represión.

Desde su creación, el espacio Schengen ha tenido una doble cara: suprimir fronteras interiores a costa de reforzar las exteriores. Y en esa doble función, las cuestiones de seguridad y control impregnan todo el acervo Schengen. Así por ejemplo, a comienzos del año 2010 y coincidiendo con la presidencia española de la Unión, se presentan 29 medidas para reforzar la seguridad de las fronteras. A estas medidas respondió el Parlamento Europeo diciendo que la propuesta de salvamento marítimo y rescate de inmigrantes en el mar en el marco de las operaciones a realizar por Frontex no aclaraba si se trataba de una obligación de búsqueda y salvamento ineludible para los estados miembros. Este debate trae a la memoria recientes acontecimientos en los que se ha visto involucrada la OTAN.

Si la presión migratoria no justifica modificar Schengen y además se trata de un complejo normativo en continua evolución, ¿cuál es la razón por la cual se ha generado esta polémica? Para entender por qué se cuestiona uno de los elementos esenciales de la política común europea en materia migratoria debemos recordar lo ocurrido el 17 de septiembre de 2010 cuando Francia consiguió el apoyo del resto de estados en su política de expulsiones colectivas de ciudadanas rumanos.

Ese día no solo se fracturó la credibilidad de la Unión Europea, sino que se abrió la puerta para que otros estados miembros adoptaran acuerdos que rompían una serie de consensos mínimos en una dinámica del todo vale trasladable al quebrantamiento de normas internacionales hasta ahora impensable.

Por último, esta explicación no queda completa si no se alude al nacionalismo estatal en materia migratoria que va surgiendo con este tipo de actuaciones. Cuando los instrumentos de control securitario de la Unión no resultan efectivos en un estado concreto, la solución parece ser que cada estado contrate su propia seguridad; en resumen, una política de extranjería nacional para decidir quién entra en el país. El efecto práctico que esto supone para la inmigración clandestina será aumentar los obstáculos a sortear y el consiguiente riesgo que eso supone.

El nacionalismo al que aludimos no es nuevo y su vertiente económica no solo se encuentra en el programa de la ultraderecha. En el congreso del Partido Laborista en 2007, Gordon Brown acuñó la frase “British jobs for british workers” (empleos británicos para trabajadores británicos). En febrero de 2008, los sindicatos británicos desatan una campaña de tintes xenófobos en las refinerías bajo ese mismo lema con el objetivo de frenar la contratación en origen de trabajadores europeos por parte de las refinerías.

La diferencia ahora puede estar en que respetables gobiernos europeos se deslizan por una pendiente peligrosa hacia el populismo y el discurso xenófobo al remolque de las consignas de la ultraderecha más reaccionaria. No olvidemos que el 19 de abril, una semana antes del acuerdo franco – italiano, Marine Le Pen saca a colación el Acuerdo de Schengen. Dinamarca, que ha expedido 77.142 visados Schengen en 2009 (España ha expedido diez veces más), considera necesario reinstaurar sus fronteras interiores (previo acuerdo con el Partido Popular Danés, de extrema derecha) y ningún ministro presente en el Consejo JAI de la semana pasada le recordó al ministro danés de Integración, Soren Pind, que la reinstauración de fronteras interiores solo puede ser temporal.

La historia del siglo pasado en Europa nos ha enseñado cuáles son los componentes para que surja el fascismo y la historia más reciente nos muestra quién va a ser el chivo espiratorio de un odio colectivo que va desarrollándose en múltiples manifestaciones: partidos de ultraderecha, nacionalismo económico, expulsiones colectivas… La Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de abril (asunto C – 61/11 PPU) que rechaza la norma italiana que castigaba con pena de prisión la estancia irregular es una pequeña muestra de cordura en esta Europa del no derecho. La regresión en materia de derechos humanos y garantías jurídicas nos está conduciendo a un punto de no retorno en el que la irracionalidad nos va salpicar a los de aquí y a los de allí. Estas cosas sabemos cómo empiezan pero no cómo terminan.