El 70% de las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual se encuentran en situación regular en España, aunque muchas sean extranjeras, pero las denuncias de este tipo de casos siguen siendo escasas porque tienen miedo a sufrir represalias, según varios expertos.
La Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género del Gobierno Vasco organizó ayer en la capital alavesa una jornada informativa sobre la ‘Trata de mujeres con fines de explotación sexual’, en la que se analizó este fenómeno desde la perspectiva jurídica y policial.
Según los expertos que han participado en las conferencias, se trata de una realidad «difícilmente cuantificable» y que en la mayoría de los casos pasa desapercibida ante los ojos de la sociedad.
La promesa falsa de un trabajo mejor suele llevar a mujeres, sobre todo extranjeras, a acabar viviendo en situaciones de esclavitud y dependencia «absoluta», explotadas sexualmente «bajo amenazas, sin salario, sin vacaciones y obligadas a consumir drogas». Los anuncios de este tipo a través de internet y en los periódicos «cada vez son más frecuentes», aunque algunas son engañadas directamente por conocidos suyos o por sus propios novios, según María del Río Pereda, de Médicos del Mundo.
A diferencia de lo que se cree, la mayoría de las víctimas que padecen explotación sexual en España están en situación regular (el 70%) pero no lo denuncian y temen que las mafias que las controlan hagan daño a sus familias. El aislamiento social y la retirada del pasaporte suele ser suficiente para explotarlas. Sin denuncias, es difícil que se pueda luchar contra este fenómeno, lamentó. Además, en pocas ocasiones se consigue una sentencia condenatoria porque es complicado presentar pruebas, agregó.
En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, hace unos meses se abrió un recurso para prestar atención integral a este tipo de víctimas y en la actualidad hay tres mujeres que están recibiendo ayuda en él, explicó la directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, Mariola Serrano.
El jefe del Área de delitos contra las personas de la Ertzaintza confía en que las últimas reformas legislativas y el protocolo que se está implantando sean herramientas para que la Policía aborde de manera más efectiva el problema.