Lo contaba un joven marroquí que se estableció en el País Vasco en 2001 y trabaja de autónomo. «Desde que tengo el documento nacional de identidad (DNI) me dejan tranquilo. Cuando lo enseñas, el policía pone otra cara». Es uno de los 35.000 extranjeros afincados en Euskadi que, según estimaciones del Gobierno vasco, se han nacionalizado españoles durante la última década y que también están llamados a las urnas el próximo domingo. Sumados a los casi 145.000 inmigrantes empadronados como tales en la comunidad autónoma los originarios de la Unión Europea pueden igualmente votar, arrojan un balance de 180.000 residentes de origen foráneo, lo que representa el 8,2% del censo y no el 6,6% oficial señalado por el Instituto Nacional de Estadística (12,2% en el conjunto de España).

De todos modos, el recuento de nacionalizados tampoco basta para conocer el influjo real de la inmigración en el País Vasco. Y es que el 17,3% de los nacimientos que se inscriben en el Registro Civil corresponden a una pareja extranjera o mixta. ¿Cuál sería entonces la proporción exacta de ‘nuevos vascos’? La respuesta no es sencilla, pues algunos extranjeros no están ni siquiera empadronados y, en general, el colectivo se caracteriza por su constante movilidad. Sin embargo, los expertos en inmigración coinciden en afirmar que gran parte de los trabajadores foráneos de Euskadi han tomado la decisión de quedarse, de modo que la sociedad vasca tendrá una faz diferente dentro de diez años y se transformará en un mosaico étnico bastante parecido al que existe desde hace tiempo en otros países de la Unión Europea.

De momento, la información que suministra el padrón, aunque limitada, confirma que el ligero crecimiento experimentado por la población de Euskadi 2.183.615 habitantes a 1 de enero de 2011 se debe en exclusiva a la llegada de extranjeros (se contabilizaron 5.182 más en 2010). La mayor presencia foránea se registra en Álava (8,9%), mientras que en Vizcaya y Guipúzcoa es similar (6,2% en ambos casos). Ese flujo humano ya no tiene la intensidad de antes de la crisis económica, pero persistirá en los próximos años y, por ahora, ha convertido al País Vasco en la segunda autonomía donde más aumenta el número de inmigrantes, a gran distancia de Andalucía (23.120 más). Tal circunstancia ha coincidido con un cambio en las rutas migratorias: en la actualidad, alrededor del 20% de todos los extranjeros establecidos en Euskadi han llegado desde otros puntos de España, aunque si el análisis se ciñe a los que se afincaron desde 2008, la proporción es mayor.

La explicación se encuentra en la economía vasca, con menos desempleo, menos construcción y menos actividades sumergidas. Euskadi es la única comunidad donde se incrementa el número de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social (51.200), principalmente en el servicio doméstico, el cuidado de personas mayores, el comercio y el sector industrial. Las personas ‘sin papeles’ es decir, sin permiso de residencia y trabajo se estiman en unas 35.000, una cifra relativamente reducida y manejable en comparación con otras regiones, aunque las ONG han advertido que puede crecer si el paro continúa al alza.

Precisamente, el desempleo, unido a los recortes sociales y a los apuros económicos de muchas familias, ha contribuido a exacerbar el discurso xenófobo clásico, el que responsabiliza a los extranjeros de abusar de las prestaciones públicas y de beneficiarse de una supuesta legislación específica para ellos, del mismo modo que en los años sesenta se culpaba a los inmigrantes de los pueblos de acaparar los dispensarios médicos de las ciudades.

Medio siglo después se afirma que los extranjeros provenientes de América Latina, África, Asia y Europa del Este reciben numerosos pisos sociales, cuando las adjudicaciones a ese colectivo representan el 5% del total. Y se dice que acaparan los subsidios, a pesar de que representan uno de cada cinco perceptores de la renta de garantía de ingresos, tal y como se conoce a la ayuda económica que reciben unos 55.000 hogares vascos amenazados de exclusión y a la que tienen derecho todas las personas empadronadas.

Discriminación

El Ararteko ha expresado su preocupación por la retórica contra los extranjeros, que en tiempos de crisis ignora los hechos y se alimenta de las denuncias de fraude las que existen realmente y las leyendas urbanas aireadas con fines propagandísticos, así como de los incidentes causados por colectivos concretos, como los menores no acompañados llegados del Magreb. En realidad, esa retórica no ha traspasado la barrera de los comportamientos en Euskadi, pero los episodios de discriminación son evidentes en algunos ámbitos sociales y en el trato con los diferentes cuerpos policiales. En este último caso, los incidentes han sido frecuentes y el Defensor del Pueblo estatal y las ONG han denunciado las redadas del Cuerpo Nacional de Policía contra inmigrantes en toda España, en las que se les convierte en sospechosos simplemente por el color de su piel y se les exige demostrar de inmediato su situación administrativa.

En el País Vasco, SOS Racismo destapó recientemente el rechazo sistemático que sufren los clientes magrebíes y de raza negra en algunos establecimientos de hostelería de Bilbao. La denuncia de la ONG, que se basaba en un ‘test’ realizado en varios locales durante un sábado por la noche, vino a confirmar los datos de un estudio de la Dirección de Inmigración del Gobierno autónomo: el 30% de los extranjeros afirma haber sido objeto de insultos o comentarios de tinte racista; y el 10% dice haber sufrido algún menosprecio o trato displicente en un servicio público (un ambulatorio) o privado (un pub).

A la luz de estas cifras, el III Plan de Inmigración de Euskadi, el documento que marcará la estrategia de las administraciones autonómica, foral y local durante los próximos años, partirá de la premisa de que el fenómeno de la extranjería ha entrado en una nueva fase. A medida que los inmigrantes logran regularizar su situación y deciden establecerse en el País Vasco, las instituciones tendrán que poner el acento en las políticas de integración para alcanzar la igualdad real con la población autóctona.