El calor no hace mella aún bajo las tiendas cuando una voz advierte por megafonía de que «la comida va a servirse enseguida». Decenas de personas, en su inmensa mayoría inmigrantes de todos los países y de todas las razas, salen de los tenderetes del Ejército y se encaminan a la ya ordenada cola ante el puesto de la Unidad Militar de Emergencias desde el que se va a repartir el ‘rancho’. Son las dos de la tarde tras la segunda noche en el campamento y el vestuario no está para florituras. Tal vez la única sea que la megafonía acaba – y empieza – con ese ‘ding – dong – ding’ que nos recuerda a los aeropuertos. Pero aquí, en el Huerto de la Rueda, no despega nadie. Al revés: siguen aterrizando familias a las que los técnicos les han «aconsejado» que dejen sus casas.

No es una anécdota. Esta rutina se repetirá a lo largo de los próximos meses para cientos de personas que harán de esos campamentos su hogar. Los destrozos que provocó el terremoto del miércoles en decenas de inmuebles tienen la culpa. Mientras se reparan los graves daños estructurales o se encuentran soluciones provisionales pero de largo plazo para los vecinos cuyas casas deban ser derruidas, la vida se trasladará a las tiendas de campaña. No solo a las que están instaladas en Huerto de la Rueda, también a las del Instituto Ibáñez Martín y a aquellas que respiran en el barrio de La Viña, conocido ya como ‘el pueblo fantasma’ porque nadie habita allí.

Como siempre, la peor parte se la lleva quien está acostumbrado a ella. Tres días después aún no existen cifras definitivas, pero se calcula que hay entre 35.000 y 40.000 afectados por el seísmo. Miles de ellos se han ido a su casa del campo, o a la de la playa, o a la de familiares, o con amigos… Buenos sitios para intentar dejar atrás una tragedia que segó nueve vidas y provocó más de 300 heridos. Quien se queda con la lona sobre la cabeza es quien no tiene más remedio.

La cara de la moneda está en los vecinos que ayer ya pudieron pasar la noche en sus casas, después de que los equipos de arquitectos pintasen un punto verde en sus puertas. Al cierre de esta edición, los técnicos habían inspeccionado 1.374 de los 1.717 edificios dañados por el terremoto de 5,1 grados en la escala Richter, y casi la mitad (660) estaban en condiciones de volver a ser habitados. Eso sí, con las privaciones que imponen medidas de seguridad como el corte en el suministro de gas.

Menos suerte tuvieron quienes se dieron de bruces con la señal amarilla que aparecía en 549 inmuebles. Este color significa que no hay condiciones adecuadas de habitabilidad, pero sí se permite a sus moradores entrar para recoger los enseres y pertenencias que tanto han echado de menos estos días y que no tocaban desde que Lorca aún era Lorca. Por último, están los que se encontraron con una señal negra (aparece en 165 inmuebles, el 12% del total) advirtiendo de que existen daños estructurales. No todas tendrán que ser demolidas, pero las que se libren del derribo deberán someterse a importantes obras antes de volver a ser habitables.

«Todavía hay mucho trabajo que hacer», admitía ayer el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, mientras albañiles y equipos de limpieza trabajaban para que las calles volviesen a ser transitables. En las alturas, los bomberos retiraban cornisas que amenazaban con desprenderse. Y por todos lados, 200 arquitectos, ingenieros, aparejadores y técnicos de la Administración seguían evaluando los últimos edificios.

También ayer se avanzó en una solución intermedia para los vecinos privados de hogar. El equipo municipal se reunió con promotores y propietarios de inmobiliarias para elaborar un censo de viviendas en alquiler que ponga a disposición de las familias que no pueden regresar a sus hogares.

6.600 niños sin clases

Otra de las prioridades son los 6.600 escolares que llevan desde el miércoles sin clases. El consejero murciano de Educación, Constantino Sotoca, dijo ayer que los daños provocados por el terremoto obligarán a mantener cerrados durante lo que resta de curso doce de los centros educativos (aunque tres mantendrán los pabellones de infantil). Así que los alumnos que se hayan quedado sin aulas serán redistribuidos en otros colegios e institutos.

De fondo, sigue abierto el debate sobre los efectos terribles de un terremoto de 5,1 grados en la escala Richter. En este sentido, el decano del Colegio de Arquitectos de Murcia, Antonio García Herrero, aseguró que «se dicen muchas tonterías que alarman a la población», ya que «las normas sobre seguridad sísmica se cumplen perfectamente tanto en Lorca como en el resto de la región». Además, García pidió a quien afirma que un terremoto de tal magnitud no puede provocar algo como lo sucedido en Lorca que «se acerque y lo compruebe», y recordó que «excepto un edificio que se ha colapsado, el resto de viviendas siguen todas en pie».

No parece que esta postura sea compartida por el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), que se ha puesto a disposición del Gobierno para «asesorar en cuestiones técnicas y formar parte de una futura comisión de expertos que lleven a cabo la revisión de la normativa sismorresistente en España». A su juicio, deberían adoptarse «medidas reales» que en el futuro minimicen los daños.

Mientras, miles de personas se disponen a sufrir una batalla agotadora con las empresas aseguradoras. La Asociación de Usuarios de Seguros desplazó a Lorca a varios técnicos para asesorar a los afectados sobre sus derechos y las ventajas de tener, por ejemplo, esas pólizas que el banco les obligó a contratar cuando firmaron su hipoteca.