La Comisión Europea dijo ayer que tiene “serias dudas” de que el plan del Gobierno danés de restablecer los controles fronterizos con Alemania y Suecia respete la legislación comunitaria, por lo que le advirtió de que no vacilará en abrirle un expediente si fuera necesario. Barroso expresó su preocupación al primer ministro danés.

La Comisión Europea (CE) dijo ayer que tiene “serias dudas” de que el plan del Gobierno danés de restablecer los controles fronterizos con Alemania y Suecia respete la legislación comunitaria, por lo que le advirtió de que no vacilará en abrirle un expediente si fuera necesario. El presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, expresó ayer su preocupación sobre el asunto en una conversación telefónica y una carta dirigida al primer ministro danés, Lars Loekke Rasmussen.

La misiva recoge las conclusiones de un examen jurídico preliminar sobre el proyecto danés llevado a cabo por el Ejecutivo comunitario, que revela que las medidas pueden violar la legislación de la UE.

Dinamarca anunció esta semana un acuerdo entre el Gobierno liberal – conservador y la ultraderecha para restablecer los controles aduaneros permanentes, como medida para combatir la delincuencia organizada.

El plan, cuya entrada en vigor está prevista en tres semanas, contempla una presencia aduanera permanente en las fronteras, la construcción de nuevas instalaciones, una completa vídeo – vigilancia y apoyo policial.

Las autoridades danesas han insistido ante la CE en que esas medidas respetan escrupulosamente el Tratado de Schengen que regula la Europa sin fronteras, ya que no prevén controles personales o de pasaportes, sino solo aduaneros.

Lo mismo aseguró el jueves el responsable danés de Integración, Soren Pind, quien explicó la iniciativa a sus homólogos en un consejo de ministros de Interior.

En casos puntuales

Sin embargo, Barroso recordó ayer en su carta que, según la normativa comunitaria, “los Estados miembros no pueden llevar a cabo controles sistemáticos en las fronteras interiores, ni de mercancías ni de personas”.

Solo en casos puntuales de interés público y haciendo gala de “proporcionalidad”, los países pueden efectuar inspecciones esporádicas, conforme a la normativa europea.

También la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, designada por Barroso para coordinar el diálogo entre Bruselas y Copenhague, amenazó ayer a Dinamarca con iniciar un procedimiento de infracción en su contra.

“La Comisión está preparada para continuar el diálogo con Dinamarca. Pero, de ser necesario, utilizará los instrumentos de que dispone para garantizar que se respeta el Derecho europeo”, indicó Malmstrom. Por ello, pidió al Ejecutivo danés que “evite la adopción de acciones unilaterales y que se asegure de que las medidas adoptadas respetan la normativa correspondiente”.

Bruselas señaló que tiene previsto pedir información a Copenhague sobre la base legal de los controles previstos y las fuentes de información que se utilizarán para decidir cuándo llevar a cabo los mismos.

La advertencia de la CE no parece haber alterado al Gobierno danés, cuyo ministro de Impuestos, Peter Christensen, afirmó ayer que el país seguirá adelante con su proyecto y que las críticas de Bruselas se deben a un “malentendido”.

Las medidas anunciadas por Dinamarca coinciden con un momento en que el acuerdo Schengen está en boca de todos, después de que Italia y Francia hayan pedido a la Comisión cambios en ese tratado para afrontar situaciones como la llegada masiva de inmigrantes . La posibilidad de reintroducir los controles fronterizos ha sido muy criticada sobre todo en el Parlamento Europeo, cuyo pleno la debatió esta semana.

Organizaciones como Amnistía Internacional aseguran que restablecer los controles en las fronteras interiores de la UE supone “un retroceso que no tiene razón de ser” y una respuesta de “pánico injustificado” ante la llegada de refugiados.

Aunque los titulares de Interior de la UE coincidieron en que la libre circulación es un logro que hay que preservar, una gran mayoría de países está abierto a la posibilidad de revisar el tratado o su interpretación para una suspensión temporal.