Son entre 10 y 12 millones de europeos, que han vivido y penado en Europa durante al menos cinco siglos, amalgamados por la historia en el tejido social y económico del continente. Son su minoría étnica más numerosa. Pero a pesar de ese intenso pasado común, los gitanos europeos siguen sufriendo discriminación – cuando no racismo puro y duro-,afrontan prejuicios de sus conciudadanos, y miles de ellos padecen exclusión social y política. En la práctica, sus derechos de ciudadanía no fructifican en varios países comunitarios.

Esta ancestral desventaja ha aumentado en los últimos tiempos, a raíz de la crisis económica, hasta alcanzar situaciones muy preocupantes, sobre todo en países del Este donde el porcentaje de población gitana es más relevante que en la Europa occidental, España incluida. En Bulgaria (10,3% de gitanos), Eslovaquia (9,2%), Rumanía (8,3%) o Hungría (7%), se han registrado episodios de racismo rampante, mientras sus comunidades gitanas se ven atrapadas en un bucle perverso. Cargan con la dificultad objetiva de integrarse en una sociedad que les rechaza, y ante la que les cuesta exhibir sus mejores prendas, pues parten en desventaja a nivel educativo, lo cual obstaculiza encontrar empleo y, por ende, el acceso a una vivienda digna. Y vuelta a empezar. El camino pendiente que les resta por recorrer se hace cada vez más empinado.

“Las condiciones en que viven la mayoría de los gitanos y sus relaciones con la sociedad han empeorado – diagnosticó en abril en Estrasburgo el eurocomisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, el húngaro Laszlo Andor-.La persistente exclusión de los gitanos es inaceptable en una Europa del siglo XXI construida sobre los principios de igualdad, democracia y Estado de derecho”.

Por ese motivo, la EU ha creado un marco coordinador de políticas de inclusión y promoción del pueblo romaní, que los jefes de Estado y de Gobierno están llamados a aprobar en la próxima cumbre europea del 24 de junio. Todo indica que así lo harán.

Los objetivos fijados por la UE para el 2020 son: conseguir que todos los niños gitanos acaben la escuela primaria, y reducir la brecha entre gitanos y resto de ciudadanos en empleo, salud y vivienda. Son competencias de los Estados miembros, a menudo ejecutadas a nivel regional, provincial o municipal. Pero la UE puede desplegar su manto invocando principios comunitarios irrenunciables, como los derechos fundamentales, la no discriminación y la libre circulación de personas.

Además, la Comisión Europea reclama un “mejor uso” (en palabras del eurocomisario Andor) de los fondos europeos, ya sean estructurales o del Fondo Europeo para el Desarrollo Rural, en los que encajan varios programas de promoción del pueblo romaní. “En diciembre del 2010 una comisión de estudio concluyó que los Estados miembros no utilizan bien la financiación de la UE para esa cuestión; se han invertido millones sin resultados”, alertó la francesa Claire Hermann. experta de la dirección general de Justicia de la Comisión Europea, en un reciente seminario para periodistas en Bruselas. Antes de fin de año, los 27 Estados miembros deberán notificar a Bruselas sus planes al respecto, concebidos respecto a su volumen de población gitana (véase mapa), y especificar los presupuestos previstos, sean fondos estructurales de la UE o partidas nacionales.

“Queremos fomentar la protección de los gitanos en situación de vulnerabilidad, que no son todos – matizó Hermann-.España, por ejemplo, es un modelo de integración de los gitanos, aunque también allí subsistan problemas”. Hermann recapitula así algunas razones del actual estado problemático de los gitanos: “La situación en los países del Este ha empeorado, la crisis económica les ha afectado fuertemente, en la Europa occidental cuesta aceptar su estilo de vida, y la apertura de fronteras les perjudica”. Contra lo que muchos creen, el pueblo romaní es cada vez menos itinerante; el 80% de los gitanos de Europa son sedentarios.

“Ahí han fallado las instituciones, porque se plantean dos problemas a la vez”, arguye el gitano búlgaro Ivan Ivanov, abogado y médico, que dirige en Bruselas la oenegé pro derechos del pueblo romaní ERIO, creada en el 2003. La directiva de libre circulación permite a todo ciudadano comunitario vivir en otro país de la UE si, transcurridos tres meses allí, demuestra que no será una carga económica para ese país. “Hay gitanos nómadas que circulan y no pueden demostrar su vinculación al territorio, o que han vivido decenios en un país pero carecen de documentación”, recordó Ivanov. Pero expulsarles o repatriarlos a Rumanía – como hizo el pasado verano el presidente francés Nicolas Sarkozy-es atentar contra principios elementales de la UE; “las deportaciones de grupos son ilegales”, alertó Ivanov. Francia salió indemne; la UE sólo le administró una reprimenda.

A los activistas gitanos, como la socióloga húngara Katalin Barsony – que dirige un proyecto televisivo de la oenegé magiar Romedia Foundation sobre cultura romaní en 18 países-,les inquieta terriblemente la actitud de grupos de extrema derecha en países del Este. “La extrema derecha culpa a los gitanos de todo, hay grupos uniformados que van a acosarles a sus campamentos o a sus barrios, niegan incluso que sean ciudadanos del país”, denunció Barsony. El camino para ellos es aún largo y tortuoso.