Vitoria. Dos centenares de personas, en su mayor parte mayores, tras una pancarta en la que se leía No a la mezquita en Zaramaga, basta ya, siguieron ayer las consignas de la asociación vecinal Iparralde. Se concentraron y manifestaron frente a la lonja que está llamada a convertirse en una nueva mezquita para el culto de un grupo de ciudadanos paquistaníes y que, además, son vecinos de la ciudad. La acción de protesta contra el futuro espacio religioso, que cuenta con todos los permisos municipales en regla para iniciar las obras pertinentes, ha sido hasta la fecha el punto de inflexión de una crisis social que amenaza con agitar el fantasma del racismo en la capital alavesa y que, curiosamente, apareció en escena el mismo día en el que se dio el pistoletazo de salida a la actual campaña electoral.

Desde entonces, y en un proceso de tensión escalonada, ciertos discursos políticos han sabido canalizar los temores surgidos entre un grupo de residentes del barrio de Zaramaga polígono obrero conformado por un alto porcentaje de gasteiztarras nacidos en otras comunidades españolas ante la hipotética aparición de eventuales problemas de inseguridad ciudadana ligados a la llegada de fieles musulmanes a la mezquita. Con ello, formaciones como el Partido Popular han logrado poner en el punto de mira al solar en cuestión y a los propios inmigrantes , a los que se mete en un mismo saco de despropósitos sin conocer siquiera sus circunstancias a través de tesis populistas. Éstas, en época de crisis, son de fácil aceptación por ciertos sectores de la población, que tributan electoralmente a aquellos discursos capaces de agitar sin miramientos el miedo al extranjero.

Sea como fuere, la manifestación de ayer ante la lonja de la calle Martín Olave escenificó a la perfección la simiente sembrada. Hubo carteles en los que se animaba al alcalde, Patxi Lazcoz, a poner la mezquita bajo su casa y otros que iban más a las claras con eslóganes típicos: Mezquita ez, Mucho miedo a los musulmanes, o Ayuntamiento irresponsable. Pese a que el discurso oficial de la asociación Iparralde, la de más reciente creación en el barrio y que, diversos sectores, la vinculan al PP su portavoz, Fernando Cuesta, formó parte como independiente en la plancha electoral de los conservadores en las pasadas elecciones municipales, quiere alejarse de las acusaciones de racismo, sobre la protesta pesaban palabras como las emitidas recientemente por el aspirante a alcalde por el PP, Javier Maroto. Su compromiso de entorpecer y retraer la licencia municipal de obras de la mezquita, y su posterior rectificación para endulzar la cuestión con su idea de estudiar exhaustivamente el plácet administrativo al templo, llegaron a escena con el ruido que merecía la propuesta y que, entre otras circunstancias y de ejecutarse, equivaldría a la comisión de un delito de prevaricación.

Lo que no recordó Javier Maroto en su propuesta es que su formación política permitió cuando gobernaba el Ayuntamiento de la capital alavesa mezquitas en las calles Barrancal y San Vicente de Paul 8 y 19. Asimismo, aquel gabinete popular, liderado por el hoy parlamentario Alfonso Alonso, financió uno de esos templos con dinero público (86.000 euros) y abogó en 2001 por un cementerio musulmán para una correcta integración de la población islámica.

Al respecto, el propio Síndico de la capital alavesa, Javier Otaola, ha terciado para poner las cosas en su sitio. Según su tesis, elaborada para la ocasión, con la normativa en la mano, el permiso dado a los promotores de la mezquita cumple escrupulosamente la ley. El Defensor del Vecino evidencia que en Euskadi no existe una normativa específica que regule los espacios de culto, por lo que éstos, a diferencia de Cataluña, donde sí existe ese tipo de legislación, se crean siguiendo los preceptos que regulan los deberes de cualquier otro tipo de asociación.

Listado de acusaciones Precisamente, tal circunstancia la necesidad de poner fin a la ausencia de una normativa que regule los lugares de culto formó parte ayer del discurso leído ayer por los manifestantes. También se solicitó que la mezquita se traslade a las afueras, ya que la calle Martín Olave, al parecer, no es lo suficientemente grande como para acoger los flujos de fieles que se esperan. Eso sí, en el manifiesto los convocantes dejaron claro que no rechazan “el derecho ciudadano a disfrutar de su libertad de culto”.

Tras la protesta, los responsables de ésta leyeron un comunicado en el que defendieron su postura. Su portavoz, Fernando Cuesta, y en declaraciones a este diario, quiso desligarse de cualquier actitud racista y arremetió directamente contra el Gobierno municipal en manos del socialista Patxi Lazcoz, que avisó en su momento del incendio que puede generar un discurso xenófobo. “Es fácil acusarte de xenófobo, porque cuando no hay argumentos se recurre a la descalificación. hay que ser más respetuoso. En cualquier caso, no se ha visto por aquí al alcalde o al teniente de alcalde preocupándose de los temores de la gente. Sus acusaciones están fuera de contexto, porque esto nos perjudica a todos”.

En cualquier caso, la manifestación de ayer no estuvo exenta de ciertas incidencias que requirieron la intervención policial. De hecho, en las inmediaciones de la calle Santa Isabel, dos jóvenes increparon a los manifestantes con acusaciones de “fascistas”. Fueron identificados por la Ertzaintza. Más tarde, dos jóvenes de origen sudamericano también tuvieron un intercambio de pareceres con los manifestantes.