La UE vino a dar por solventada ayer la polémica abierta por la decisión unilateral del Gobierno danés de restablecer los controles fronterizos en su territorio, reafirmándose en el logro histórico que supone la libre circulación de personas en suelo comunitario e incidiendo en que el Tratado de Schengen que sustenta esa prerrogativa solo quedará en suspenso como «último recurso» y ante crisis extremas. Pero el efecto que ha provocado el desmarque danés, al calor además del apoyo que presta al Ejecutivo de Copenhague la derecha xenófoba, y la constatación de que la Unión está dispuesta a reacomodar las condiciones de Schengen después de que lo pidieran al unísono Francia e Italia ante la nueva oleada migratoria procedente de los países árabes, dan a entender que Europa no camina tanto hacia la protección de la libertad de tránsito como hacia una política más restrictiva. Schengen, como ha recordado el Gobierno español, permite modular sus previsiones ante circunstancias excepcionales. Pero la revisión que contemplan ya la mayoría de socios europeos apunta a un cambio más profundo, que reabriría la puerta a las fronteras en situaciones aún sin determinar.