Un juez ha concluido la investigación sobre la trama dedicada a la regularización fraudulenta de inmigrantes de nacionalidad china que fue desarticulada por la Policía Nacional en la provincia en el año 2007. Según fuentes próximas al caso, la Fiscalía va a sentar en el banquillo de los acusados a seis procesados, entre ellos el funcionario de la Oficina de Extranjería de Alicante que tramitaba esos expedientes y su mujer.

Las pesquisas realizadas durante los casi cuatro años que ha durado la instrucción de la causa apuntan a que A.L.C. dio el visto bueno a una quincena de solicitudes de reagrupamiento familiar cursadas por inmigrantes del país asiático que no reunían los requisitos legales para ello. Entre otras irregularidades, no sometía a los aspirantes a la preceptiva entrevista previa y pasaba por alto la carencia de algunos documentos necesarios.

Supuestamente, cobraba entre 200 y 300 euros por cada expediente a la responsable de una asesoría ubicada en Benidorm, también de nacionalidad china y considerada presunta cerebro del plan. Entre los posibles sobornos detectados por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) de la comisaría provincial figura también un vehículo Mercedes.

Ambos sospechosos fueron arrestados a mediados de junio de 2007 junto con la compañera sentimental de él y una empleada de ella. Días más tarde, los agentes apresaron a otros cuatro sospechosos por su participación, en mayor o menor grado, en el entramado.

Durante el registro del domicilio del funcionario, que llevaba trabajando en la Subdelegación del Gobierno desde el año 2003, se hallaron varios expedientes de ciudadanos chinos, dinero en metálico y un sello oficial.

En esa misma vivienda, supuestamente, su mujer había creado una asesoría, una especie de oficina de inmigración paralela donde captaba a ucranios que buscaban traer a España a sus familiares.

Los tres imputados llegaron a ingresar en prisión de forma preventiva, pero salieron poco tiempo después en libertad provisional y están actualmente a la espera de juicio, según las fuentes consultadas.

Las diligencias se encuentran en fase de procedimiento abreviado, que se sigue por delitos de cohecho y contra los derechos de los trabajadores extranjeros en su modalidad de favorecimiento de la inmigración ilegal.

El Ministerio Público debe ahora elaborar su escrito de conclusiones provisionales y solicitar la apertura de juicio oral. Fuentes de esta institución señalaron a este diario que tienen intención de sentar en el banquillo de los acusados a seis procesados.

A.L.C. llegó a declarar en su día que no pensaba que estuviera cometiendo ningún delito con su forma de proceder. Ahora se arriesga a una posible condena de cárcel y a la inhabilitación para el ejercicio de su empleo público.

El fraude, uno de los varios registrados alrededor de la Oficina de Extranjería de Alicante, fue descubierto por la propia Subdelegación del Gobierno después de que se comprobara que los expedientes manipulados no habían pasado por el sistema de cita previa.