NOS QUEDA un poco lejos porque no tenemos fronteras comunes con ningún país de la UE, nadie lo discute, pero lo que está ocurriendo con el Tratado o Acuerdo de Schengen – nombre de la ciudad Luxemburguesa donde fue firmado en 1985 – no le puede ser ajeno a una región que de nuevo va a recibir doce millones de turistas al año, la mayoría de ellos comunitarios. Me gusta pasear en coche por Europa. Un placer que procuro darme al menos una vez al año; o dos, si los periplos son pequeños. Quizá lo más agradable de esos viajes sea pasar de un país a otro sin trámite alguno; sin ni siquiera aminorar la marcha para que un policía me observe, cansino, desde la distancia de un puesto de control. Cruzar, por ejemplo, de España a Francia y saber que estoy en Francia porque los carteles están en francés, pero nada más. Y no sólo eso, sino incluso pasar de Alemania a Polonia con la misma facilidad. Lo hice hace unos meses en Fráncfort del Óder. Lo único que había al final del puente sobre el mítico río era un amplio panel de tráfico advirtiendo de la velocidad máxima en las carreteras y autopistas polacas. Es en esos momentos cuando más he sentido que Europa camina hacia una uniformidad supranacional que deja atrás unos nacionalismos tribales de los que sabemos mucho en España; que deja atrás esquemas patrioteros en lo político y proteccionistas en lo económico empeñados en mantener, casi siempre de forma artificial, un esquema de países soberanos que tan alto precio nos ha costado en sangre – y en todo lo demás – en un pasado no excesivamente pretérito.

Pero la alegría se me acaba. A la hora de escribir estas líneas desconozco la decisión que habrán adoptado los ministros comunitarios del Interior, en su reunión de ayer, sobre el Tratado de Schengen. Sí conozco, como la conoce todo el mundo interesado en el asunto, la decisión del Gobierno danés de reimplantar sus controles fronterizos con Alemania y Suecia. A juicio de los actuales mandatarios daneses – o dinamarqueses, como decía cierto litre portuense para carcajeo a sus espaldas de vecinos y allegados, aunque no le estaba dando ninguna patada al diccionario siempre que el término se aplique a personas – , el aumento de los delitos transfronterizos obligan a adoptar la medida.

De poco van a servir las protestas de Amnistía Internacional al censurar que se esté criminalizando a los emigrantes. Una organización que en este caso tiene razón, como lo corroboran numerosos estudios sobre este problema, aunque lo que cuenta no es la realidad sino la percepción que la ciudadanía tiene de esa realidad. Y los dinamarqueses, al igual que los franceses, italianos y habitantes de otros muchos países, empiezan a ver a los inmigrantes no tanto como un peligro para la seguridad pública sino para la seguridad social, pues ocupan puestos de trabajo y consumen recursos asistenciales en una época en la que los erarios nacionales no están para excesivos dispendios. Una percepción indudablemente injusta, que nadie lo dude, pero no vivimos en una sociedad esencialmente justa. Posiblemente Dinamarca no se hubiera atrevido a dar el primer paso – un paso atrás en este caso – pero, abierta la caja de los truenos por Berlusconi y Sarkozy, nada impide subir al mismo tren; y parece que cuanto antes, mejor.

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