El presidente Obama renovó ayer por enésima vez en El Paso (Texas), junto a la frontera con México, su compromiso con la aprobación de una reforma inmigratoria integral que abra una puerta a la legalización de los más de 11 millones de indocumentados, la mayoría hispanos, que viven en EEUU.

Sin embargo, tras la victoria republicana en las legislativas del pasado mes de noviembre, que les permitió recuperar el control de la Cámara de Representantes, esta meta parece poco menos que una quimera.

«Quiero que la prosperidad en este país sea ampliamente compartida. Por esta razón, la reforma inmigratoria es imprescindible», aseguró Obama, tras describir los beneficios que ha aportado la inmigración en la Historia de EEUU.

«Querían una valla. Ahora ya está prácticamente terminada. Hemos hecho todo lo que los republicanos querían. Ahora necesitamos que el Congreso se suba al tren», afirmó el presidente, instando a sus adversarios a sumarse a los esfuerzos por reformar el sistema de inmigración.

Este discurso, que sonaba como una dulce melodía en los oídos de la comunidad hispana en la campaña 2008, cuando Obama prometió que aprobaría la reforma en el primer año de su mandato, cuatro años después se ha convertido en un gastado estribillo. Desde la Casa Blanca se asegura que el presidente quiere volver a situar en el centro de su agenda política la cuestión inmigratoria a causa de la urgencia en resolver un «sistema roto».

Sin embargo, líderes hispanos se muestran escépticos e intuyen que el movimiento de Obama, que en las últimas semanas se ha reunido en la Casa Blanca con activistas y figuras favorables a la reforma para pedirles su colaboración, tiene una finalidad puramente electoralista. Y es que la comunidad hispana jugó un rol clave en la victoria de Obama en las elecciones del 2008 y podría volver a hacerlo en 2012.

Por esta razón, varias organizaciones proinmigración le han pedido al presidente norteamericano actos y no sólo palabras. En concreto, le solicitan que detenga las deportaciones de los menores indocumentados que llegaron al país siguiendo a sus padres, y también las de aquéllos que tienen familiares en EEUU. «Él no puede aprobar la ley solo. Más que hablar de las políticas que le gustaría ver aprobar, necesita ser receptivo a las políticas que él solo sí puede cambiar», afirma Angela Kelley, del think tank progresista Center for American Progress.

No obstante, la Casa Blanca se niega a frenar las deportaciones de forma unilateral, «Sé que algunos aquí les gustaría que pasara por encima del Congreso, y cambiara la ley yo mismo. Pero no es así como la democracia funciona», sostiene Obama.

Los republicanos se oponen a cualquier suspensión de las deportaciones pues las consideran «una amnistía por la puerta de atrás». Además, no consideran que la reforma inmigratoria forme parte realmente de las prioridades del presidente.