Los inmigrantes aportan más de lo que reciben al Estado del bienestar, tanto en términos monetarios como en lo que se refiere a la prestación de servicios. Así lo revela un estudio de la Fundación La Caixa, que destaca que, en plena crisis, las oportunidades de encontrar empleo de la población extranjera se encuentran en la economía sumergida, que según algunas estimaciones podría llegar a representar el 20% del PIB. De acuerdo con el informe ‘Inmigración y Estado del bienestar en España’, el 12,7% de la población (algo más de 5,7 millones de personas) es inmigrante. De esta manera, nuestro país se ha convertido en el segundo estado de la UE en lo que concierne al número de residentes extranjeros.
La investigación, llevada a cabo por Francisco Javier Moreno y María Bruquetas, subraya que apenas el 1% de los beneficiarios de pensiones son extranjeros, y de ellos más de la mitad son ciudadanos comunitarios. Durante las próximas dos décadas, la aportación neta de los inmigrantes a las arcas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se mantendrá en términos positivos.
Pese a que el gasto sanitario destinado a los inmigrantes ha crecido en los últimos años, pasando del 1% en 2000 al 5% en 2007, tal proporción es notablemente inferior al volumen de la población extranjera. Según los autores del informe, incluso los que no disponen de papeles contribuyen al sostenimiento del sistema, dado que pagan impuestos indirectos, dinamizan el consumo y permiten a las mujeres autónomas incorporarse al mercado laboral.
Aun así, la opinión pública sigue creyendo, contra todas las evidencias, que los trabajadores extranjeros consumen muchos recursos sociales y su aportación al interés general es mínima. Determinados políticos, lejos de deshacer el malentendido, lo alientan para cosechar votos, según denunció Francisco Javier Moreno. La realidad social es muy distinta de los estereotipos que alimentan los españoles. No en vano, el 30% de los inmigrantes que residen en España son pobres, frente al 18% de los autóctonos que se hallan en esa situación. Una proporción muy reducida de las intervenciones de los servicios sociales (un 6,8%), va dirigida a subsanar los problemas de los extranjeros necesitados.
Si se atiende al uso de los recursos sanitarios, se observa que los extranjeros consultan un 7% menos al médico de familia y un 16,5% menos al médico especialista. La utilización de los servicios de urgencias es ligeramente superior entre los extranjeros (3,2%). El 65% de los inmigrantes emplearon como puerta de entrada al tratamiento hospitalario el servicio de urgencias, frente al 57% de los españoles.
Pilar fundamental
Los autores del estudio señalan que la familia está dejando de ser el pilar que sostiene el Estado del bienestar. En este contexto, las personas que procuran cuidados a los dependientes y las que realizan tareas domésticas tienden a ser mujeres inmigrantes, que son subcontratadas y alimentan la mano de obra precaria. En lo que respecta a las cuidadoras de personas mayores, el 40% de ellas son extranjeras y suponen 80% de las cuidadoras en régimen interno.
Con respecto al sistema educativo, el 82% del alumnado extranjero se concentra en centros públicos y un 14,1% se matricula en los privados concertados. Aparte de la tendencia a crearse un gueto escolar, el problema estriba en que apenas el 10% de los alumnos de origen inmigrante prosigue sus estudios más allá de la escolarización obligatoria. Y menos de la mitad de los que cursan la ESO engrosan las filas del bachillerato.
Por añadidura, el 50% del superávit en las finanzas públicas en los últimos años ha sido gracias a los impuestos y contribuciones sociales de la inmigración, que han representado un promedio de unos 5.000 millones de euros anuales.
El estudio concluye que el colectivo extranjero ha garantizado temporalmente la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y ha actuado de freno al envejecimiento de la población.