Un informe de La Caixa desmiente la creencia del “abuso” del sistema de protección social por parte de los extranjeros. Pese a representar el 12% de la población española, solo son responsables de un 5,6% de la utilización de los servicios y han contribuido a la generación de un 30% de la riqueza en los últimos 20 años.

Un informe sobre la aportación de los inmigrantes al crecimiento económico y al sistema de Seguridad Social y el uso de los servicios sociales concluye que realizan una “contribución neta positiva” y que “aportan mucho más de lo que reciben”. El estudio “Inmigración y Estado de bienestar en España”, presentado ayer, subraya que los inmigrantes suponen el 12% de la población actual y son responsables de un 5,6% de la utilización de servicios, especialmente de sanidad y educación.

Incluso los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular contribuyen al sistema al pagar impuestos indirectos, dinamizar el consumo y realizar tareas que permiten a las mujeres autóctonas incorporarse al mercado laboral, subraya el estudio.

“Esta realidad choca de frente con la percepción que existe en la sociedad y que es preciso cambiar con información y pedagogía”, subrayó el director general de la Fundación la Caixa, Jaime Lanaspa.

El estudio pone de manifiesto cómo los argumentos de sobreutilización y abuso del sistema de protección social por parte de los inmigrantes “están injustificados” y cómo la percepción de que es necesario “competir” por los servicios “es en parte producto de los insuficientes recursos asignados a unos programas expuestos a una demanda creciente”, tanto por el aumento de la población como por causa de la crisis económica.

El informe analiza las aportaciones de los inmigrantes a la economía y al sistema social, y el uso que hacen de ellos.

Así, destaca el “factor dinamizador” que suponen en la economía y que revela que el 30% del crecimiento del PIB en los últimos 20 años ha sido “consecuencia directa” de la llegada de inmigrantes. Además, el 50% del superávit en las finanzas públicas en los últimos años ha sido gracias a los impuestos y contribuciones sociales de la inmigración, que han supuesto una media de unos 5.000 millones de euros anuales.

La mayor juventud y altas tasas de actividad de los inmigrantes también han sido determinantes para elevar la proporción de cotizantes sobre pensionistas a cerca del 2,5, con lo que se ha retrasado en casi cinco años la previsible entrada en déficit del sistema español de pensiones.

Finalmente, la llegada de extranjeros ha paliado los efectos del progresivo envejecimiento demográfico de España y garantizado temporalmente el sostenimiento del sistema de pensiones.

En cuanto al uso de los servicios que hacen los inmigrantes, el estudio revela por ejemplo que, en materia de sanidad, consultan un 7% menos al médico de cabecera, y un 16,5% menos al médico especialista que los autóctonos. Por contra, utilizan un 3,2% más los servicios de urgencias.

En cuanto a los servicios sociales, el estudio subraya que casi el 30% de los inmigrantes son pobres, pero sólo un 6,8% de las intervenciones se dirigen a ellos, y que la mayoría de las actuaciones son de carácter informativo.

El 9,6% de los alumnos de enseñanza obligatoria son extranjeros, mientras que el porcentaje del gasto social dedicado a la educación de la población inmigrante es del 6% del presupuesto total.